La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), responsable de expropiar tierras para garantizar el acceso a la vivienda –entre otras cosas- impulsa 257 juicios de desalojo contra familias y asentamientos pobres en tierras fiscales, muchos de ellos protegidos por la propia normativa nacional. Quienes deben garantizar el acceso a la vivienda son los principales desalojadores.

Se trata de procesos judiciales de desalojo para “recuperar” tierras e inmuebles que habitan miles de familias, en un cuadro de agravamiento de la crisis habitacional, la imposibilidad de acceder a lotes con servicios o a la vivienda propia, y un mercado de alquileres prohibitivo.

Lo paradójico de esta cuestión es que la AABE es uno de los organismos señalados expresamente por la ley 27.453 de Regularización Dominal para la Integración Socio Urbana, con el fin de disponer de tierras fiscales y expropiar terrenos privados ociosos para perfeccionar el derecho a la vivienda de quienes habitan en barrios populares.

Muchos de los procesos judiciales emprendidos por el Estado, a través de la AABE, tiene como víctimas a familias y barrios inscriptos en el Renabap –dependiente de la cartera de Desarrollo Social-, que gozan de la protección legal contra cualquier proceso de desalojo.

La última actualización nacional del Renabap registró un crecimiento de casi 1.700 barrios reconocidos, llegando a los 5.687 barrios populares inscriptos: una cuenta que debería haberse reducido bajo el compromiso del gobierno nacional de “urbanizar 400 barrios por año durante 10 años”.

La cuenta total de asentamientos precarios es superior a la registrada oficialmente ya que muchos barrios no tienen acceso al empadronamiento, o este se encuentra bloqueado por cuestiones políticas debido a que se trata de un reconocimiento que otorga una precaria cobertura y facilita la defensa judicial ante avanzadas represivas del Estado y procesos judiciales de desalojo.

Desde la AABE se alega que en un muchos de los casos de las tierras en conflicto se trata de fenómenos de “estafa” donde quienes alegan la posesión de las tierras proceden al loteo y venta de derechos posesorios a las familias sin tierra para que estos realicen más adelante el proceso judicial e prescripción adquisitiva –también conocido como usucapión- para obtener la propiedad de los mismos.

Lo cierto es que las familias trabajadoras acceden a esas tierras pagando por el derecho a habitarlas, confeccionando boletos de compraventa precarios, debido a que no existe ningún canal oficial y/o política de acceso a lotes con servicio o viviendas para los trabajadores. Y luego son atacados por los gobiernos municipales, provinciales y el nacional para que se retiren de dichas tierras, sin ningún ofrecimiento real de reubicación.

Que el organismo del Estado designado como “sujeto expropiante” y responsable de la regularización dominal de las tierras para garantizar el derecho al hábitat sea el que impulsa los desalojos contra los habitantes es el colmo de un gobierno de desalojadores seriales, quienes han protagonizado operativos represivos como el de Guernica, entre varios que se produjeron y que acechan actualmente en todo el país.

Esto, además, de parte del gobierno que sancionó una ley de “aporte solidario” con el supuesto propósito de destinar parte de los recaudado a urbanizar los asentamientos pobres, cuando avanza en los procesos judiciales de desalojo contra los trabajadores.

Además, la AABE opera como una herramienta para facilitar la venta de tierras fiscales a los especuladores inmobiliarios, como ocurre particularmente en CABA con negocios que favorecen a los socios de Larreta y Macri, pero se extiende a todo el país. Siendo un trampolín para los negocios privados y la destrucción de parques y dominios públicos, deportivos y de esparcimiento. Lo que grafica toda una orientación social en el manejo de la tierra y los recursos públicos, y una política de  Estado: desalojar a los pobres y entregar las tierras a los ricos.

La ley de urbanización de los barrios populares no tiene ninguna aplicación real en cuanto a garantizar mejores condiciones de hábitat para miles de asentamientos precarios que carecen de servicios esenciales (agua potable, tendido eléctrico oficial, gas natural, cloacas, etc.). Menos aún bajo la égida de un gobierno que aplica el ajuste del FMI y condena a millones de trabajadores a la indigencia y la pobreza.

Hay que rechazar los desalojos de la AABE y el Estado y garantizar las tierras y viviendas para las familias obreras. El Estado debe ser el promotor del acceso a la vivienda y no el verdugo de las familias. Por un banco de tierras ociosas y fiscales y un plan de viviendas nacional, que genere empleo y soluciones para millones de trabajadores. Por la urbanización inmediata de todo los asentamientos precarios.

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