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3 de mayo de 2020

La niñez, expuesta a mayores abusos durante la cuarentena

Pese a que las estadísticas oficiales han revelado que la gran mayoría de los abusos sexuales contra niñes y adolescentes suceden en el hogar y son acometidos por familiares (80% y 75%, acorde al programa “Las víctimas contra las violencias” del Ministerio de Justicia), el Estado nacional y los provinciales continúan sin dar una respuesta a este flagelo.

Esa política se ha mantenido incluso en la cuarentena, lo que supone que la niñez está más expuesta que nunca. Que la combinación entre el aislamiento obligatorio y el desdén del Estado para con las víctimas deviene en un aumento de la violencia intrafamiliar se ha visto, dramáticamente, con los 36 femicidios en poco más de un mes.

Al hecho de que desde hace más de 40 días las víctimas comparten techo las 24 horas con sus abusadores, se suma que el ya limitado acceso a servicios de protección de la niñez y adolescencia se ha vuelto prácticamente imposible en este contexto. Por tomar el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la falta de presupuesto y de políticas para el cuidado de la niñez se ve en el colapso que experimenta en esta cuarentena la línea 102 (de asesoramiento sobre los derechos de los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires) y en la precarización laboral -con jornadas extenuantes y déficit de profesionales y de equipamiento- existentes tanto en la línea 147 (para denunciar) como en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que funcionan en el mismo espacio físico.

Asimismo, la cuarentena multiplica los ya numerosos obstáculos para tener respuestas de  la Justicia y acceder a las medidas de protección que se despliegan con el protocolo de accionar ante Abuso Sexual Infantil (ASI).

Al hecho de que el abuso sexual en la infancia es un delito oculto y muy difícil de develar y que los perpetradores manipulan sistemáticamente a sus víctimas, incluso cuando le niñe logra contar y recurrir a la Justicia se encuentra allí muy comúnmente con funcionarios católicos que predican dentro de las Cámaras Gesell y que operan revictimizando y persiguiendo.

En cuanto las madres, a la hora de recurrir a estos lugares es común que sean acusadas de padecer un “síndrome de alienación parental” (SAP) que las llevaría a “persuadir a sus hijes en contra del progenitor” –un síndrome inventado por defensores de abusadores, sin reconocimiento de ninguna organización de la salud en Latinoamérica ni de la Organización Mundial de la Salud- y que se les ponga multas por “difamación”. Junto a esto, para llevar a cabo el juicio las madres y la familia del niñe deben poner muchísimo dinero para contratar un abogado penalista, algo vedado para quienes poseen salarios por debajo de la canasta básica familiar o incluso carecen de sueldo alguno.

Un caso es el de Andrea Vázquez, quien realizó 40 denuncias contra su ex pareja por abusar de ella y de sus hijes. Por orden de la titular del Juzgado de Garantías N° 6 de Lomas de Zamora, el padre de sus hijos fue detenido, pero la Cámara de Apelaciones le concedió un hábeas corpus y lo liberó 48 horas más tarde. Desde hace años pelea para que se haga justicia y por recuperar a su hijo mayor, que hoy vive con su ex marido. El caso de Vázquez incluso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y puede leerse en Infobae su testimonio de años de sufrimiento y de lucha para ser escuchada y no ser colocada en el lugar de victimaria por la “justicia patriarcal”.

Por su parte, existen organizaciones como la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi), profundamente ligada con la Iglesia, que combina el dictado de seminarios y charlas de cómo “construir el amor en la familia” y predicar la “fe” y el “perdón” en la familia, con patrocinio jurídico y asesoramiento gratuito a los denunciados, beneficiándolos con las influencias eclesiásticas en el Poder Judicial.

La naturalización y ocultamiento de los abusos en la infancia y adolescencia es otra expresión descarnada de la violencia que sufren por parte del Estado, y que se ve también en la condena al hambre y la pobreza para millones.

El rol de la escuela y la importancia de la ESI laica, científica y obligatoria

El rol importante de la Escuela quedó demostrado en una estadística que llevó el año pasado el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, mostrando que casi el 80% de los niños, niñas y adolescentes pudieron comprender que fueron abusades después de recibir clases de Educación Sexual Integral en el colegio.

Sin embargo, hace 14 años que se implementa la ESI y no se logra que sea en su totalidad. Un motivo central es la existencia del artículo 5 de la Ley correspondiente, que permite que cada institución dicte ESI “acorde al ideario institucional”, permitiendo la injerencia directa de las iglesias en los contenidos con un manto oscurantista.  Esto se ha visto extremado en la intromisión en las escuelas de la violenta campaña “Con mis hijos no te metas”, en contra de los que ellos denominan “ideología de género”.

El ataque a la ESI se ve también en la formación a docentes, no solo escasa sino atacada en los lugares donde se dicta -es el caso del reciente cierre del postítulo gratuito del terciario porteño Joaquín V. González para docentes sobre ESI. Les educadores no contamos con capacitaciones en servicio que nos doten de las herramientas teóricas y prácticas para trabajar.

La situación en las escuelas

Mientras queda de manifiesto la importancia de la escuela como espacio de refugio para les niñes, lo cierto es que no están garantizadas las condiciones para la vuelta a clases que promueve el gobierno. No están dadas las condiciones edilicias y de calefacción para aminorar los fríos del invierno, que es cuando el coronavirus tendrá mayor potencial de expansión.

La falta de medidas destinadas a mejorar estas condiciones –así como a garantizar raciones alimentarias adecuadas para les estudiantes- contrasta con el incremento de fondos para despliegues represivos.

Quienes esto escribimos, estudiantes terciarias y futuras docentes, denunciamos que la niñez se encuentra más vulnerable que nunca y señalamos que es necesario un programa para erradicar la violencia y el abuso en la infancia.

Responsabilicemos al Estado y exijamos el fin de la injerencia católica en la Justicia y la erradicación del falso “Síndrome de Alienación Parental”. Reclamemos el aumento de presupuesto, la contratación de más profesionales y la mejora de condiciones de trabajo en las áreas que deben dar respuesta a las denuncias, y que las mismas estén bajo control de quienes tienen verdadero interés en terminar con esta violencia: trabajadorxs, organizaciones de mujeres y del movimiento LGBTI+.

Luchemos por la conformación de un Consejo Autónomo de Mujeres y Disidencias deliberante e independiente de los gobiernos, donde las mujeres, las madres, las trabajadoras, las desempleadas, las autogestoras, todas las mujeres y el movimiento del LGTBI+ nos organicemos autónomamente para una salida colectiva ante la opresión de este régimen.

Impulsemos una pedagogía que acompañe el crecimiento y desarrollo de una sexualidad sana, libre y plena, en defensa de la elección autónoma de su identidad, sin vínculos estereotipados de sometimiento y violencia.

Convoquemos charlas para visibilizar esta problemática y en pos de una organización, en todos los lugares de estudio y trabajo.

¡Por infancias libres de abusos y violencias! Basta de descargar la crisis en la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y la niñez.

 

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