Suspendido el desalojo en forma momentánea, y con una mediación de por medio, las familias que se encuentran ocupando en la calle Casimiro Gómez asisten a un verdadero cerrojo y requisa por parte de la policía provincial. La medida fue dispuesta por el fiscal Marcelo Jara y el gobierno provincial.

 

Efectivos custodian la entrada y no dejan entrar víveres ni tampoco materiales para la construcción. El gobierno ejecuta así un cambio de estrategia que consiste en impedir la consolidación de la toma. Pretenden el agotamiento y el desgaste de las familias, obligándolas a retirarse.

 

En las reuniones de mediación, los gobiernos del MPN, tanto el provincial como municipal han manifestado su férrea negativa a entregar los terrenos. Esta actitud gubernamental expresa el carácter servil de Gutiérrez y Gaido a los intereses empresariales que pretenden apropiarse del lugar. Las empresas que aducen la perdida de inversiones millonarias sino se quedan con el lugar, no fueron capaces en años de posesión de colocar ni siquiera una merca señalización o cerco. Las exigencias empresariales calan hondo en el Estado que actúa y orden de sus pretensiones.

 

Pese a todo lo descripto, la toma avanza. Ya son cerca de 1.000 vecinos y vecinas que residen en su lugar. De a poco, y a fuerza de sacrificio, comienzan a levantarse las casillas.

 

La diputada del Frente de Izquierda y dirigente del PO, Patricia Jure, presentó un proyecto de Declaración rechazando el desalojo, colocando la necesidad de que esas tierras sean entregadas a los ocupantes.

 

El gobierno se juega a derrotar esta ocupación, sabiendo que es vital hacerlo porque esta lucha cuestiona y pone de manifiesto en forma brutal el déficit habitacional en la provincia de Vaca Muerta.

 

Nuestro partido apoya a los vecinos.