09/07/2020

La nueva moratoria será costeada por los trabajadores

El gobierno presentó en el Congreso el proyecto de ley de “moratoria universal” que tal como lo definió la propia titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, se diferencia de la votada a fines de 2019 en que aquella se centraba en las pymes mientras que esta apunta a beneficiar a las grandes empresas. Para darse una idea, entre los nuevos rubros incluidos figuran el impuesto a los combustibles y al juego privado, nichos donde solo compiten grandes pulpos.

En base a ello algunos medios opositores al gobierno salieron a destacar que el proyecto de Alberto Fernández está hecho a medida de Cristóbal López, zar del juego y propietario de Oil M&S. Resaltaron además que esta petrolera se encuentra en quiebra, con un deuda tributaria de 6.000 millones de pesos, y que se trata de un empresario que construyó su patrimonio en base a su asociación fraudulenta con el Estado. Pero callaron sobre otro aspecto que sirve para ilustrar el alcance del proyecto, ya que los obreros de Oil M&S se encuentran luchando contra el despido de dos activistas tras las medidas de fuerza que protagonizaron para reclamar ante descuentos salariales: el proyecto oficial no establece ninguna obligación a las empresas que apunte a preservar los puestos de trabajo o los salarios de sus trabajadores.

Esto se agrava teniendo en cuenta que la nueva moratoria permite que se acojan al nuevo régimen las empresas en quiebra, es decir, aquellas que ni siquiera está produciendo, avalando así los fraudes perpetrados en base a vaciamientos y reestructuraciones empresariales. Los planes de pago para ponerse al día con las deudas acumuladas hasta el 30 de junio podrán extenderse hasta en 120 cuotas para deudas aduaneras y tributarias, y hasta 60 para la seguridad social. Además establece una condonación parcial de los intereses, multas y demás sanciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias.

Juntos por el Cambio y Consenso Federal han anticipado que apoyarán el proyecto en el Congreso, por lo que ya se están acelerando los preparativos para darle un tratamiento parlamentario fugaz. Pusieron como reparo, sin embargo, que la ley fije un “premio” para aquellas empresas que sí cumplieron con el fisco. Incluso es probable que en el trámite parlamentario se aflojen las restricciones que se imponen al giro de dividendos para quienes se adhieran a la moratoria. La fuente de beneficios a las empresas parece inagotable, pero no lo es. Los fondos que no ingresan por la evasión impositiva los financian los trabajadores, como veremos a continuación.

Las deudas con la Afip ascienden nada menos que a 500.000 millones de pesos, lo que al tipo de cambio oficial supera los 7.000 millones de dólares. Se llegó a esa cifra luego de que creciera un 50% la morosidad de los contribuyentes desde el inicio del aislamiento social. Esto gracias a que las grandes empresas se han financiado estos meses en base a dinero de terceros, porque retuvieron el pago de gravámenes que sí fueron cobrados a los consumidores -como es el caso del IVA o el impuesto a los combustibles- y a los trabajadores -a quienes les descuentan del salario las contribuciones a la seguridad social.

Si sumamos esto a que las empresas fueron absueltas del pago de las contribuciones patronales, tanto gracias al programa ATP como al acuerdo de reducción salarial UIA-CGT patrocinado por el gobierno, el “gran esfuerzo” lo hace la caja de la Anses, de donde salieron además los fondos para cubrir la mitad de los salarios de las empresas que lo solicitaron. Podemos concluir que el robo de la movilidad a los jubilados fue destinado a rescatar a las empresas. Por supuesto que en el discurso oficial (y en el de la oposición patronal también) estos rescates benefician también a los trabajadores, pero lo cierto es que estos son los grandes perdedores. Empleados de grandes cadenas de fast food han salido a organizar medidas de fuerza porque lo que cobraron por el ATP les fue luego descontado de los aguinaldos y los sueldos de los meses posteriores para cubrir la devolución de esos fondos.

Que ingresen a la moratoria los impuesto a los combustibles, retenidos por las mismas empresas beneficiadas con el barril criollo, termina de consumar una estafa contra el pueblo trabajador, que debió soportar naftazos cuando subían los precios internacionales del petróleo y ahora que estos se derrumban deben costear las pérdidas. La producción, mientras tanto, está parada y arrecian los despidos en el sector.

La celeridad en el tratamiento de la nueva moratoria a las grandes empresas contrasta con el nonato impuesto a las grandes fortunas. El monto que se suponía que se iba a recaudar con esa iniciativa ya está preventivamente compensado con este nuevo beneficio a los capitalistas. El plan económico del FMI para “estimular al sector privado” ya está en marcha, y apunta a ser costeado por los trabajadores.

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Tapa de Prensa Obrera N°1602
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