Alrededor de la declaración de CFK en los tribunales de Comodoro Py se ha procesado un primer hecho de tensión en el binomio que está a punto de asumir el gobierno nacional. Frente al planteo de que la ejecución del presupuesto de Vialidad se correspondió a un plan criminal para hacerse de fondos públicos, Cristina Fernández puso de manifiesto que entonces serían partícipes necesarios Alberto Fernández y Sergio Massa, sus dos primeros jefes de gabinete, ya que ese funcionario es según la constitución el principal encargado de la adjudicación del presupuesto. La vicepresidenta electa desafió expresamente al tribunal a citar al presidente electo, y fue pedido como testigo por sus abogados. Más allá de que en la causa obran decretos de necesidad y urgencia firmados por ella misma disponiendo fondos de distintas partidas para girar a Vialidad, el señalamiento de la responsabilidad de sus jefes de gabinete es de alto voltaje político.

El hecho constituye indudablemente una advertencia a los jueces que manejan sus causas y a quienes puedan valerse de ellos en el período político que se abre: si las causas avanzan contra su persona, la onda expansiva no se detendrá ahí. La vice está dispuesta a abrazar al presidente para que se hundan juntos si la causa avanza. Se trata de un gobierno con una composición muy particular, donde la vicepresidenta expresa una corriente claramente definida y organizada, y el presidente es un elemento que llegó a la formula sin votos propios ni un aparato político organizado, como garantía a los mercados y los grupos patronales y como cebo para reagrupar al PJ tradicional. Aunque el propio Alberto Fernández ha salido a desmentir las versiones que indicaban sorpresa y enojo en su entorno por el llamado a sumarlo al proceso, la jugada de la vice electa muestra su desconfianza al trato que pueda recibir en la nueva etapa política. Alberto Fernández ha ido tratando de organizar un contrapeso mediante el apoyo en un sector de gobernadores (Manzur, Arcioni), en Sergio Massa, en Daer y los gordos de la CGT. Cristina está buscando un reaseguro frente a la eventualidad de que se quiera usar las causas que acumula en su contra para erosionar su rol en el nuevo gobierno. Para ello asocia a su destino al total del poder político, incluyendo también a Massa.

La coalición política que asumirá el gobierno argentino en una semana tiene un carácter contradictorio e inestable. Aunque tiene la apariencia de la reunificación del dividido PJ, sumando a otros socios menores, el Frente de Todos no es la superación de la atomización sino la sumatoria de las diversas fracciones en una boleta electoral común. Cada sector interno guarda sus apetitos y se enfrenta con sus rivales internos. La llamativa demora para conformar el gabinete de Fernández y las autoridades parlamentarias responde no sólo a la guerra de camarillas que se disputan influencia sino a la propia dispersión de fracciones capitalistas afectadas por la crisis que esperan poder recurrir al arbitraje del nuevo gobierno para salir a flote.

En la disputa interna, el kirchnerismo ha recurrido a los elementos más derechistas para poder tener elementos propios al frente del senado en un acuerdo común del PJ, como el clerical José Mayans, hombre de Gildo Insfrán de Formosa puesto a presidir el bloque del Frente de Todos y Claudia Ledesma Abdala, la mujer de Gerardo Zamora de Santiago del Estero, elegida para ser presidenta provisional del Senado, tercera en la sucesión presidencial.

El terreno minado de la crisis internacional y la lucha de clases pondrá a prueba rápidamente el carácter improvisado y las contradicciones de la coalición que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner.