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20 de abril de 2020

El impuesto progresivo a grandes rentas y fortunas es urgente

Los recursos son vidas humanas.

La falta de recursos del Estado para afrontar los gastos para la atención social y sanitaria necesaria ante la crisis producida por el coronavirus se ha vuelto a todas vistas evidente. Se expresa tanto en el déficit de equipamiento de hospitales con respiradores y camas, en la falta de insumos de protección sanitaria y de higiene en lugares de trabajo y en los comedores de los barrios más pobres como en la incapacidad de habilitar seguros para los desocupados que sean universales y con un monto que alcance, por lo menos, $30.000. Ello, producto de que se han destinado los recursos al pago de la deuda. Por otro lado, la emisión que se viene haciendo ha financiado la fuga de capitales y la corrida hacia el dólar, que llevó al blue a los $100 impulsando un nuevo salto inflacionario, arriba del que ya tuvimos en marzo con 3,9% de aumento de precios de los alimentos.

Ahora bien, la situación ha abierto un debate respecto a colocar un impuesto a la riqueza que reúna los recursos necesarios para enfrentar la pandemia. Desde un sector del oficialismo se rumorea que promueven un proyecto de ley que reuniría alrededor de 3.500 millones de dólares. No se sabe con certeza porque no hay ningún proyecto presentado. Alcanzaría a 15.000 personas a las cuales se gravaría el 1 o 2% de su patrimonio.

Todo un sector de la oposición ha salido a despotricar contra el supuesto impuesto. Sin embargo, fue el economista que supo estar aliado al macrismo, Carlos Melconian, quien puso en palabras que tal impuesto “son dos mangos con cincuenta”. Tres mil quinientos millones de dólares son menos de un punto del PBI.

Un verdadero proyecto de impuesto a las grandes fortunas debería avanzar en las altas rentas y en todos los grandes patrimonios acumulados, operativos y especulativos, inclusive aquellos encubiertos bajo diversos mecanismos a los que apelan los capitalistas para no dar cuenta de sus ganancias. Por ejemplo, las cuentas en paraísos fiscales, las cuentas en el exterior no blanqueadas y los activos financieros y paquetes accionarios, que nunca son gravados. Desde luego, que de todas maneras no puede reemplazar una reorganización económica integral que parta del no pago de la deuda y destine tales recursos a la industrialización nacional, el control del comercio exterior y de los recursos estratégicos, que complementarían el impuesto para que lo que se recaude no se vaya por el resumidero de la deuda o la fuga de capitales.

También se escucha al oficialismo responsabilizar a los bancos por los problemas generados por la crisis. Muy bien, deben ser entonces gravadas las ganancias de los bancos, que fueron récords durante los últimos diez años. También deben ser gravadas las grandes propiedades de tierras y viviendas ociosas.

El Frente de Izquierda ha presentado un proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas en este sentido, que plantea como piso patrimonial para personas humanas los 100 millones de pesos, con alícuotas progresivas e impuestos especiales y progresivos a las ganancias bancarias, a las altas rentas, a la gran propiedad de la tierra a partir de las 5.000 hectáreas y a las viviendas ociosas. De esta manera, se recaudarían entre 15 y 20 mil millones de dólares que deben destinarse a un fondo especial de emergencia, con un comité de monitoreo del mismo compuesto por trabajadores de la Salud, del Instituto Nacional de la Vivienda, de la Afip y técnicos de universidades públicas para garantizar el reforzamiento del sistema sanitario, un seguro al desocupado de $30.000 y un plan de vivienda y se excluya utilizar esos fondos para el pago de la deuda.

Nuestro proyecto se orienta a defender a la población más afectada por la pandemia: aquella a la que han alcanzado los despidos, suspensiones y recortes salariales que se siguen produciendo más allá del decreto presidencial (del que las patronales hacen caso omiso). En Argentina hay doce millones de personas sin ingresos de ningún tipo o con ingresos de indigencia. Los $10.000 que recibirán 8 millones de personas, que muestran la extensión de la crisis, son completamente insuficientes y se empiezan a cobrar por tandas un mes después del inicio de la cuarentena -excepto para las y los beneficiarios de la AUH- y hasta mayo.

Las medidas del gobierno han resultado un completo fracaso en todos los planos. Los créditos a las empresas resultaron inviables, el seguro al desocupado es absurdo, los 12 millones de “sin ingresos” hacen estallar los comedores comunitarios, no hay construcción de viviendas, no se cumple la prohibición de despidos y las empresas pagan los salarios que quieren. A los tumbos ahora ha salido un nuevo decreto para que el Estado afronte la mitad del salario siempre que este no supere dos salarios mínimos que es menos que la línea de pobreza. Eso sí, las nuevas medidas vuelven a afectar los fondos del Anses que están siendo saqueados, lo cual rechazamos porque de ese modo los jubilados volverán a ser confiscados. Eso sí, la deuda externa, hasta hoy se ha pagado o refinanciado puntualmente, devorándose la gran tajada de la emisión monetaria.

Hoy, los recursos son vidas humanas. La necesaria centralización, ampliación y protección del sistema de salud los requieren. Tampoco puede primar el secreto comercial para incrementar precios u ocultar activos mientras no se pagan los salarios. Los libros y cuentas de las empresas deben ser abiertos al control de los trabajadores.

Los recursos están: 20 capitalistas concentran el 13% del PBI; los bancos y las mineras, petroleras y los laboratorios acumularon ganancias enormes; las energéticas se beneficiaron con aumentos de hasta el 2.000%; propietarios de tierras enormes con rendimientos agropecuarios importantes porque se embolsaron sucesivas devaluaciones que arrasaron los ingresos del pueblo trabajador argentino. Planteamos que debe haber una sesión especial, que perfectamente puede realizarse en el recinto del Congreso nacional, combinada de forma presencial y virtual para aquellos impedidos de participar, para que se debatan nuestros proyectos y todos los asociados a la crisis de la pandemia.

Nuestro proyecto está al servicio de la lucha que distintos sectores de los trabajadores ya emprenden para que la crisis no se descargue sobre sus espaldas. Contra la entrega de una burocracia sindical que ha integrado las centrales al Estado, cuando los trabajadores más necesitan que sus sindicatos se pongan al frente.

 

 

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