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6 de noviembre de 2019

Proyecto de Ley de alquileres: un paliativo que deja en pie la explotación inmobiliaria

Frente al dictamen consensuado en comisión por el macrismo y el PJ, la diputada Del Plá (PO-FIT) defendió un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.

Después de meses de inactividad parlamentaria, fue citada la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para aprobar un dictamen de nueva Ley de Alquileres.

El tema se viene debatiendo desde hace años. En el 2016 el Senado había votado una reforma, que luego tardó casi dos en ser votada en comisiones en la Cámara de Diputados, aunque nunca llegó al recinto y caducó.

Ahora ha vuelto a aparecer, ante una situación hipercrítica de la vivienda obrera. Hay ¡nueve millones de inquilinos! Y su situación es insoportable. Los economistas calculaban que el 25% del salario está asignado al gasto del techo familiar, pero este porcentaje ha ido in crescendo. El proceso viene desde hace tiempo, y bajo el macrismo el capital inmobiliario ha avanzado aún más en la imposición de sus condiciones: mientras se habla de ‘oferta y la demanda’, lo cierto es que el precio de los alquileres es fijado arbitrariamente por las inmobiliarias, como así también los planes de indexación, las garantías, el pago de expensas y demás. Gran parte de los inquilinos invierte el 50% de su salario en pagar el alquiler; a lo cual hay que sumarle los servicios indexados por los tarifazos.

Hay una gran movilidad habitacional: del departamento, se pasa a los inquilinatos, a las pensiones, a las villas, a alquilar en las villas, a los asentamientos. Este panorama no es solo con los inquilinos: en similar situación se encuentran aquellos que tomaron los planes de vivienda del gobierno con cuotas indexadas y que, producto de la inflación y el deterioro salarial, hoy no los pueden pagar y están en camino a la ejecución de hipotecas y el desalojo. La ola de despidos y desocupación transforma en morosos a trabajadores inquilinos que sin ingresos no pueden cumplir.

En estas condiciones, el dictamen del proyecto fue hoy aprobado por unanimidad, por ‘consenso’ entre las bancadas de Macri y las que responden a Alberto Fernández. Como señaló la diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Romina del Plá –que no integra la comisión pero se hizo presente en el debate-, lo aprobado es una “aspirina para enfrentar la epidemia de crisis habitacional” y sus implicancias sociales.

El proyecto y el debate

El dictamen consensuado extiende el plazo de vigencia de los contratos de alquiler de dos a tres años -aunque como se señaló en la sesión, en otros países los contratos se extienden entre cinco y ocho años- y establece que el alquiler no puede ser indexado arbitrariamente, sino que lo será anualmente (con todo, el macrismo y las cámaras inmobiliarias manifestaron su preferencia por una indexación semestral, como lo manifestó el portavoz del PRO Pablo Tonelli, argumentando patéticamente que eso era preferible “a que los propietarios retraigan la oferta”).

Mientras que los macristas pedían que se indexaran sobre la base del índice de inflación que calcula el Indec, el bloque fernandista planteó que lo fuera sobre la base de la evolución del salario con el índice Ripte que elabora el Ministerio de Trabajo. El ‘consenso’ fue salomónico: mitad se calculará con el Indec (con una inflación creciente) y la otra mitad con el Ripte (con salarios en retroceso).

La intervención de Del Plá

Romina del Plá hizo una denuncia de todo el régimen de alquileres. Planteó la necesidad de un plan de emergencia, que debía tener como punto de partida la prohibición del desalojo por falta de pago (en un cuadro en el que los trabajadores sufren cotidianamente despidos); algo que levantó un coro de repudio de los inmobiliarios. A su turno, colocó como segundo punto que el costo del alquiler no puede superar el 10% del ingreso del trabajador, algo en contraposición con los intereses de los empresarios del rubro -para quienes lo ideal es bajar los salarios y subir los alquileres-, pero que se impone la situación de deterioro salarial (en el mismo sentido que un congelamiento retroactivo de los aumentos tarifarios en servicios públicos).

La intervención de Del Plá marcó que hacen falta verdaderos planes de vivienda populares, ejecutados por el Estado y bajo control de los trabajadores (actualmente, los que se hacen son en su gran mayoría edificios de lujo para las clases adineradas y la especulación). Esto daría trabajo a miles de obreros de la construcción, que a su vez podrían beneficiarse de los mismos.

Mientras se expulsa a trabajadores desocupados y/o con bajos salarios de los centros urbanos hacia la periferia, existen miles de vivienda ociosas, sin ocupación alguna. Por eso la diputada sostuvo que esas viviendas debían ser intervenidas para resolver flagelos urgentes. Y propuso un curso de emergencia: entregar esas viviendas en comodato a los jubilados, que en una gran parte cobran el mínimo y no tiene techo, estando en situación de calle o en covachas que aceleran su deceso. Se trata de un planteo histórico de las organizaciones de jubilados.

Las inmobiliarias afirman que los dueños de las viviendas para alquilar son Pymes y no pueden solventar la perdida de ganancias. La posición del PO es que los trabajadores que invirtieron sus ahorros en ladrillos para tener un reaseguro frente al desastre de las jubilaciones que van a cobrar, sean liberados del pago de todo tipo de impuesto inmobiliario. Y que por el contrario la gran propiedad inmobiliaria, los dueños de las viviendas ociosas, sean gravados con impuestos progresivos.

Como conclusión, Del Plá marcó que se trataba de una crisis capitalista, que debía ser pagada por los capitalistas y no por los trabajadores. Y señaló que los pequeños paliativos que se estaban votando no solucionarán ni mitigarán el drama de la vivienda popular, y que su profundización planteará con toda fuerza el programa que hoy fue abucheado por las patronales inmobiliarias.

Significativas fueron las expresiones de los diputados kirchneristas y macristas, señalando que se trataba de un ‘consenso’ y que esto marcaba el camino próximo a seguir con el nuevo gobierno. “Piso común”, “evitar posiciones abusivas de uno u otro lado”, “rescatar el método de los acuerdos”.

La sesión fue una confrontación de clases entre ricos y pobres, entre patrones inmobiliarios e inquilinos. Pero las fuerzas PJ-K fueron abiertamente a la conciliación, a postergar soluciones y con pequeños retoques de maquillaje abrir una contención a la movilización de los inquilinos. Fue el famoso ‘Pacto Social’ en acción.

El PO-FIT, en la palabra de Romina del Plá, denunció esta situación y marcó un programa y un curso de acción para superar este bloqueo y encarar la lucha de los explotados por sus reclamos, contra la barbarie de la crisis capitalista.

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