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15 de mayo de 2019

El gobierno cumple con el FMI: quiere liquidar la moratoria para poder jubilarse

Es para los que, por trabajar en negro, no llegan a los 30 años de aportes.

Aunque aún no fue anunciado oficialmente, distintos medios dan por hecho que el gobierno no va a renovar la moratoria que rige hasta el próximo 23 de julio para que puedan jubilarse aquellos que, al llegar a los 60 o 65 años, no tienen el mínimo de 30 años de aportes requeridos para acceder a ese beneficio. Esto cuando los gobiernos K y el macrismo no han tomado la más mínima medida frente al tremendo cuadro de que la tercera parte de la clase obrera está trabajando en negro, es decir sin aportes previsionales.

Estrictamente, la moratoria –que habilita la posibilidad de ir pagando los años faltantes de aportes mientras se cobra la jubilación– actualmente rige solo para las mujeres, ya que los hombres fueron excluidos de ese beneficio por el cual han accedido a un haber jubilatorio más de 4 millones de personas.

Entre los y las beneficiarias de la moratoria hay una cantidad importante de amas de casa que, en el caso de la familia obrera, deben hacerse cargo obligadamente de las tareas del hogar y la crianza de los niños, especialmente cuando son pequeños. Esto porque no cuentan con la posibilidad de descargar estas actividades ya que el Estado no provee alternativa alguna para las familias trabajadoras, como jardines y guarderías gratuitas que cubran todo el horario de trabajo. Por esta razón, son miles de mujeres que no cuentan con aportes que les permitan alcanzar beneficio previsional alguno.

Y, cuando pueden acceder a algún trabajo estos son, en un alto porcentaje de los casos, como empleadas domésticas (más de 1,7 millón), mayoritariamente en negro (1,2 millón), es decir que si pasa la eliminación de la moratoria, tampoco podrá jubilarse.

La alternativa, ya implementada, consiste en el otorgamiento de la denominada Pensión Universal Para el Adulto Mayor, que se sancionó junto con la estafa de la Reparación Histórica y que es equivalente al 80 % de la jubilación mínima y que hoy llega a apenas $8.328, es decir a menos de la tercera parte del costo de la canasta de los jubilados, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad en más de 30.000 pesos. Pero, además, a esta Pensión no accede cualquier trabajador, sino que hay que presentar una “certificación de pobreza”, que incluye, entre otras cosas, que muestre que no es propietario de su vivienda y tampoco de un auto. Así, con las restricciones que se imponen, incluso quedarán sin poder acceder a esa miseria un alto porcentaje de trabajadores.

Esta ofensiva forma parte de los planes que el gobierno acordó con el FMI en relación a la liquidación del actual sistema previsional y su reemplazo por una pensión mínima masiva, aun menor a la miseria de la jubilación actual que, para casi el 60% de los beneficiarios, está en los 10.400 pesos.

El gobierno, con el apoyo de la mayoría de la oposición peronista, dio el primer paso en este camino en diciembre de 2017, pero la tremenda movilización popular frente al Congreso impidió que pudieran ir a fondo. Pero impusieron, entre otras cosas, un cambio en la forma de actualizar el monto de las jubilaciones que supone un retroceso sistemático frente a la inflación.

El objetivo, en ese camino acordado con el Fondo, es subir la edad jubilatoria mínima a 65 años para las mujeres y 70 para los hombres y cambiar la denominada tasa de sustitución de modo que el haber inicial no supere el 40% del promedio del sueldo de los últimos diez años de trabajo.

Es de tal prioridad para el FMI y toda la burguesía argentina este ataque brutal a las condiciones de vida de los trabajadores que está incluido como uno de los 10 puntos que Macri llama a firmar a la “oposición”, la burocracia sindical y las iglesias. Y, desde Lavagna a Pichetto, pasando por el camaleónico Scioli, han dado su acuerdo a los puntos que comprometen a más ajuste y miseria para cumplir el objetivo prioritario (del FMI) de que se pague rigurosamente la monumental deuda con el capital financiero.

El ataque es contra toda la población trabajadora, actual o futura jubilada. Es contra una conquista común que debe ser enfrentada por el conjunto de la población trabajadora y debe formar parte prioritaria en la lucha contra el ajuste del FMI, de Macri y los gobernadores.

En defensa de las conquistas alcanzadas por años y años de lucha de la clase obrera. En defensa de las condiciones de vida de la familia obrera.

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