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4 de enero de 2019

El “operativo reelección” de Vidal y la crisis en la provincia

Uno de los temas políticos preferidos de este verano es sin duda el seguimiento minuto a minuto de los debates dentro del gobierno acerca de desdoblar las elecciones bonaerenses de la nacional, e incluso la conformación de la Comisión Bicameral de la Legislatura para estudiar la separación de algunas elecciones municipales como “prueba piloto”.

Dicha comisión -creada como parte de la negociación para aprobar el Presupuesto- está compuesta por ocho legisladores de Cambiemos y otros ocho de los distintos bloques peronistas, y tendrá que emitir un dictamen acerca de la viabilidad legal del desdoblamiento electoral antes del 28 de febrero, que de todas maneras no será vinculante.

En las vísperas de su primera reunión en Mar del Plata, Unidad Ciudadana ha salido a presentar recursos judiciales contra su conformación, que fueron desestimados. No deja de ser paradójico, toda vez que el kirchnerismo formó parte de la negociación “unitaria” de los bloques peronistas que facilitó los votos para aprobar sin problemas el paquete de leyes oficial a principios de diciembre. Resulta que todo un sector de intendentes del PJ está más seducido por una elección adelantada que les ahorre, al menos potencialmente, tener que definirse por ir en la boleta debajo de CFK. La tan ansiada unidad peronista sigue en veremos, al calor de la colaboración de sus personeros con el gobierno.

El Frente Renovador, por su parte, se relame ante la posibilidad de -tras la fachada de la “prueba piloto”- poder disputar la continuidad de los pocos municipios que gobierna (como Tigre) sin las presiones de la polarización presidencial y aún de la disputa por la gobernación.

Crisis

Todo este cruce de estrategias para intentar garantizar la reelección de Vidal no deja de ser, en última instancia, la expresión de un “sálvese quien pueda” en un cuadro de crisis aguda con un fuerte impacto en la Provincia de Buenos Aires.

Dentro de un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que releva unos 60.000 despidos en todo el país durante los diez primeros meses de 2018, identificamos que solo en la Provincia cerraron plantas unas 30 empresas dejando a 2.800 trabajadores en la calle. Si bien gran parte de esos cierres obedecen a reestructuraciones empresariales con el afán, en primer lugar, de golpear al movimiento obrero y barrer conquistas (como también se ve en los despidos de activistas en Siam e Interpack), lo cierto es que estamos ante una crisis de proporciones.

Las últimas mediciones del Ministerio de Economía muestran que en el segundo trimestre de 2018 la actividad económica cayó un 7,2% respecto del año pasado, y está en el nivel más bajo desde que comenzó el registro en 2012. El Indicador de la Industria Manufacturera que mide el gobierno dejó de publicarse en abril, a partir de cuando –según la Gobernación- “comenzó a mermar el impulso y algunos sectores muestran bajas en su producción, principalmente por el flojo desempeño del consumo interno y la debilidad de la construcción”. Con esos datos, los fundamentos del Presupuesto 2019 eran realistas en una cosa: o se multiplican las exportaciones agropecuarias o estamos fritos (en la misma línea que el ridículo intento de Macri de establecer por decreto que el 2019 será el “Año de la Exportación”).

Confirmando ese pronóstico, un informe publicado por la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) concluye que en diciembre las cantidades vendidas por los comercios minoristas bajaron casi 10% frente a igual mes de 2017 y acumularon una retracción anual de casi 7%.

El derrumbe del consumo es consecuencia directa del empobrecimiento de las familias trabajadoras. Según el Indec, en el Gran Buenos Aires la desocupación llega al 10,5%, y entre las mujeres menores de 29 años trepa al 23%; si a eso sumamos los subocupados y los ocupados que demandan más trabajo tenemos que el 40% de la población económicamente activa de la provincia tiene problemas de empleo. Como complemento, un 26,2% padece sobreocupación horaria, es decir que son superexplotados.

Recientemente el Ministerio de Trabajo anunció como un éxito la Feria Conectamos Trabajo que realizaron en Mar del Plata, donde para postularse para (supuestamente) unos 2.000 puestos de trabajo, principalmente en gastronomía y hotelería, se inscribieron más de 15.000 jóvenes. Es un reflejo de la situación que se padece en toda la provincia, donde –según la misma cartera de Trabajo- de los jóvenes de entre 18 a 29 años un 20,6% (358.000) son desocupados y el 10,8% (158.000) son subocupados.

Perspectivas

En esta olla a presión Vidal debe combinar las maniobras electorales con el plan de guerra que decretó a los trabajadores. Tal vez por eso el gobierno nacional, a través de Dietricht y el eyectado Iguacel, le hizo un gran favor a la gobernadora: en los días previos a que se concrete el traspaso de los servicios a la provincia decretaron un cronograma de aumentos de tarifas que llega hasta agosto, es decir que al menos posiblemente le ahorre a Vidal anunciar nuevos tarifazos durante la campaña electoral.

El mismo temor está detrás del acta de “paz social” firmada por el gobierno con la burocracia sindical del Astillero Río Santiago y de ATE Provincia, promovida por la Pastoral Social. Detrás de la intención de maniatar a un poderoso y combativo colectivo obrero con el compromiso de no despedir y hasta concediendo la renuncia del interventor Capdevilla, está la imagen de un gobierno que echa lastre luego de todo un año de ofensiva sostenida y de formidables respuestas de los trabajadores, que llegaron a ocupar el Ministerio de Economía.

La tenacidad de las luchas obreras como la de Interpack, contra los ataques patronales amparados por el Estado y contra el aislamiento impuesto por la burocracia sindical, evidencia la predisposición a dar pelea. En este cuadro se desarrollarán las elecciones, desdobladas o no, en la Provincia de Buenos Aires. El Frente de Izquierda tiene el desafío de intervenir con una campaña política desde ahora, para convocar los trabajadores a la acción, a la pelea por el paro activo nacional de 36 horas y el plan de lucha contra el tarifazo y por el triunfo de Interpack, Siam y todos los conflcitos, y planteando una salida de fondo para reorganizar al país sobre la base de expropiar a los ajustadores. El desarrollo del FIT como un polo político de los trabajadores es más urgente que nunca, y para ello debe intervenir como tal en la lucha de clases.

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