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5 de diciembre de 2018

De Urtu-naro a Bolso-bey: el ´gatillo fácil´ como política de Estado

“Las fuerzas armadas enfrentan a delincuentes armados no pueden andar tocando el silbato” le dijo Urtubey a Leuco en TN para dar de esta manera su apoyo al protocolo de Bullrich que habilita a “disparar para impedir la fuga” y otros supuestos que dan completa discrecionalidad e impunidad al policía en el uso del arma.

Lo dice el gobernador de Salta, en donde aún con el actual protocolo restrictivo, se reproducen los casos de gatillo fácil desde Fabio LLanez hasta el más reciente de Nahuel Salvatierra en Barrio Solidaridad. A nivel nacional, desde 1983 a 2017, son 5500 asesinatos por gatillo fácil según el relevamiento de CORREPI. La cobertura política de la policía ha garantizado su impunidad en la mayoría de los casos.

Mientras Urtubey afirma, para cubrirse las espaldas, que habría "zonas grises" en el protocolo de Bullrich, la verdad es que se pretende es dar vía libre para matar.

¿Vendrá ahora Urtubey a proponer que en Salta tengamos un protocolo que promueva el crimen policial, como el de Bullrich, para la policía de la provincia?

Es evidente que el autoproclamado candidato presidencial no sólo busca llegar al poder demostrado que está dispuesto a proseguir el ajuste anti-obrero y antinacional del macrismo sino que también que esta dispuesto a hacerlo mediante la instalación de un estado policial.

Como Olmedo, el emulo local de Bolsonaro, el gobernador busca explotar la demanda de amplios sectores contra la inseguridad para justificar esta habilitación para matar que va a terminar siendo utilizada contra las manifestaciones populares. El recuerdo del crimen impune de Aníbal Verón, asesinado en General Mosconi por la policía en medio de una pueblada contra la miseria sembrada por las privatizaciones de Menem y Romero en los 90, nos muestra a donde quieren llegar.

Terminar con la inseguridad supone desarmar la trama de la policía y de numerosos jueces con el delito. Salta es la provincia donde sistemáticamente aparecen agentes y sectores enteros de la fuerza, implicados en narcotráfico, del juez Reynoso de Oran que tenía “tarifada” la impunidad de los “narcos”, todo esto con 11 años de Urtubey en el poder…

El Partido Obrero propone que empecemos por desarmar esta trama para combatir la inseguridad y exige la inmediata derogación del protocolo anticonstitucional de Bullrich apoyado por Urtubey.

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