Según un reciente informe realizado por Cáritas Argentina y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA UCA), 6 de cada 10 argentinos llegaron a ser pobres desde el año 2010. El estudio expone que un 29,6% de la población argentina “experimentó una pobreza crónica”, es decir, nunca dejó de ser pobre desde 2010, y que 3 de cada 10 personas lo fueron alguna vez en los últimos diez años.

El termómetro de la pobreza marcaba en 2011 un índice del 25,9%, con un 4,2% de indigencia. Hoy ambas cifras trepan al 43,8% y 8,8%, respectivamente. El cuadro social se agrava entre los menores de 18 años, entre los cuales la pobreza impacto al 64%, según la medición del Observatorio. Entre 2010 y 2022, apenas un 36,6% de las personas “nunca fueron pobres”, sostiene el análisis de Cáritas y la UCA sobre la difícil situación social que atraviesa el país.

La crisis económica es imparable y estos datos arrojan que la población no tiene acceso a los derechos más fundamentales: la vivienda, la educación, la salud, el trabajo. En este marco, el gobierno nacional viene demostrando su negativa de reabrir los programas sociales. La política oficial de reducir el gasto público es uno de los reclamos principales del Fondo para cumplir el objetivo del “ahorro fiscal” y utilizar esos recursos para el pago de la deuda externa, a costa de los trabajadores. El contraste entre el pago de intereses de deuda y las necesidades reales de la población: estos pagos aumentaron en un 135,5% respecto al mismo período del 2021, ascendiendo a $266.800 millones. Sobre una estimación de que 10 millones de personas son pobres, los programas sociales del Estado solo llegan a apenas 1 de cada 10 desocupados.

En ese sentido, el estudio muestra que menos de la mitad de la población activa (un 42% ) accede a un trabajo digno, mientras que el 58% consigue un empleo precario, un trabajo de indigencia o está desocupado. A la vez, existe en nuestro país un récord histórico de trabajadores ocupados bajo la línea de la pobreza. Los trabajadores más inmersos en esta condición trabajan en la informalidad, al ritmo del avance de la precarización laboral. Según el último informe del Indec, el trabajo no registrado tuvo al cierre del año pasado el salario promedio de $27.301, bajo la línea de indigencia. Vale decir entonces que en un hogar con dos remuneraciones de este monto tampoco alcanza para superar la línea de pobreza. La inflación se come a los salarios, y un indicador fundamental es la baja en el consumo popular.

Este es el cuadro en el cual el movimiento piquetero combativo crece en todo el país peleando por trabajo genuino y contra el hambre, en un contraste con la parálisis de las centrales obreras que por la firma sistemática de paritarias a la baja hunden a los trabajadores en la pobreza.

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