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11 de octubre de 2018 | #1523

El tarifazo sigue, sigamos la lucha

Un programa y un camino para derrotarlo

La crisis política desatada por el nuevo tarifazo llevó a que el Estado se haga cargo del llamado pago “retroactivo”, como resultado de la devaluación producida entre abril y septiembre. Para resarcir a los pulpos, el gobierno había resuelto recargar 24 cuotas futuras a partir de enero, sobre facturas enormes que ya pagó el usuario. Es un atropello económico y jurídico para salvar los contratos leoninos que han dolarizado el punto de partida de la cadena energética. Pero la decisión de que el Estado banque el retroactivo, deja en pie el resarcimiento a los pulpos y sólo enmascara el golpe al bolsillo de los usuarios. En efecto: lo que no paguemos como tarifa, lo terminaremos costeando a través de los impuestos al consumo. 

El gobierno cambió al “retroactivo” para salvar al Presupuesto del FMI, que podía llegar a no reunir los votos del Congreso. Pero lo hizo también para salvar al propio tarifazo, que los usuarios tendrán que afrontar en sus próximos consumos. En efecto: el aumento de las boletas llega al 50% para los consumos bajos y medios, y es del 30% para el resto. O sea que, en la estructura interna del tarifazo, los de abajo subsidian a los de arriba, lo que incluye a las empresas y grandes consumidores. En medio de la crisis y padecimientos populares, Macri mantiene en todos los planos una línea de subsidio al capital a expensas de las masas laboriosas.

La cosa no termina allí, porque han amputado la tarifa social, que sólo regirá para un consumo máximo de 26 metros cúbicos. El excedente por arriba de ese tope se paga al 100% de la tarifa. No sólo hay que ser casi indigente para ameritar la tarifa social, sino que hay que consumir como tal, aunque la vivienda esté habitada por más de una familia como ocurre habitualmente en los barrios populares. El reclamo de la tarifa social integral se impone para todos los barrios, como una bandera urgente de las organizaciones sociales.

Los móviles del robo

Tenemos que politizar a fondo la bronca popular. Lo que ha ocurrido expresa las contradicciones violentas de un régimen de entrega del petróleo y el gas, que hunde sus raíces en el pacto YPF-Chevron y del programa “Gas-Plus” del kirchnerismo. Fueron Miguel Galluccio y Axel Kicillof los que empezaron a garantizar en boca de pozo un precio en dólares más alto que el precio internacional, que luego Aranguren diseñó como política general con el llamado “sendero” de aumentos. Hoy ese precio está en 4,68 dólares la unidad calórica y seguirá subiendo, cuando el costo argentino se estima en sólo 2,50 dólares y en Estados Unidos apenas supera los 2 dólares. Además, el gobierno les aseguró a las petroleras que esos precios mantendrán su valor en dólares a lo largo del tiempo. 

El origen del impresentable pago retroactivo es esta política de subsidios por parte de los consumidores a los monopolios, con el argumento de la inversión y extracción en Vaca Muerta. Pero, en ese caso, los “inversores” no son los capitalistas sino los usuarios, a través de tarifas confiscatorias. El gobierno argumenta también que debe resarcir el “alto costo” de la importación de gas. Lo cierto es que el 70% del gas que se consume en invierno y todo el que se emplea en verano es de producción nacional. Y una parte de lo que importa viene de Bolivia, a un costo que es la mitad de lo que el gobierno pretende pagarle acá a los monopolios petroleros. 

La gestión de la moneda, que perdió el 50% de su valor, es responsabilidad del Banco Central y del gobierno, no del usuario de gas. Ellos han dolarizado media economía, a excepción de los salarios, por lo que la vida se va tornando insoportable para trabajadores y jubilados.

Crisis política 

La magnitud del atropello y el rechazo popular dispararon otra crisis política en Cambiemos, a la que no son ajenos varios grupos económicos que operan también en la energía y en las obras de gasoductos. La salida que han armado es precaria: puede alterar los nervios del FMI y abrir un “retorno” a los subsidios. 

La transferencia del “retroactivo” a las arcas del Estado -que compartió la mayoría de la oposición- deja pasar el grueso del tarifazo y no cuestiona al conjunto de la política confiscatoria en beneficio de los grupos petroleros. Por ejemplo, Metrogas cosechó, en 2017, 750 millones de pesos de ganancias y así de corrido todas las distribuidoras, lo que son cifras menores al lado de las beneficios de quienes extraen el gas.

El Partido Obrero plantea la apertura de libros, el corte de concesiones, la nacionalización integral de toda la cadena y su puesta bajo control obrero, por un lado. Por otro, el centro de la cuestión no está en las iniciativas judiciales o parlamentarias. Ya Macri vetó la restringida ley de tarifas que aprobó el Parlamento y, por el lado de la Justicia, han dado el golpe palaciego en la Corte con Rosenkrantz a la cabeza, para garantizar la “dolarización asimétrica” de la que somos víctimas.

Acompañaremos las iniciativas de todo orden contra el tarifazo, pero el centro debe estar puesto en la organización popular mediante asambleas barriales, cacerolazos o ruidazos, y organizar la rebelión civil de no pago masivo de las boletas. Eso requiere que las organizaciones obreras se pongan también al frente del reclamo como parte del planteo de reapertura de todas las paritarias para duplicar los porcentajes recibidos acorde con la inflación del año. Y en el movimiento piquetero, el frente único por el reclamo de tarifa social integral.

La lucha para que se vaya Macri suma otro poderoso motivo. Paro activo nacional y huelga general para derrotarlos y que una Asamblea Constituyente con poder reorganice el país, incluyendo la nacionalización integral de todos los recursos energéticos bajo control obrero.
 

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