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8 de octubre de 2018

Se puso en marcha la Coordinadora de Lucha contra la entrega de Tierras Nacionales

Frenar la “AABE de rapiña”

El jueves 4 se reunieron casi una treintena de compañeros para poner en marcha la Coordinadora de Lucha contra la entrega de Tierras Nacionales. Estuvieron presentes delegaciones de Colegiales, Villa Urquiza, Villa Adelina, San Isidro, islas del Tigre, la UNSAM (Universidad de San Martín), Amigos del Lago de Palermo, del Centro de Transportes 22 de octubre, del Instituto Argentino de Ferrocarriles, de la Unidad Popular-CTA y del PO-FIT y asesores de la diputada Romina Del Plá. Se recibió la adhesión de la diputada María José Lubertino (mc).

Se coincidió entre los presentes en que estamos frene a una ofensiva de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) creada por decreto del gobierno kirchnerista en el 2012. El objetivo de esta AABE es definir la venta de tierras públicas del Estado Nacional en beneficio de grupos especuladores inmobiliarios. Esto continúa una política implantada por la dictadura militar, lógicamente a través de un decretazo. La Constitución Nacional prohíbe la enajenación de las tierras y propiedades nacionales sin previa autorización votada por el Congreso Nacional. Para la clase burguesa se trata de una ‘política de estado’ los negociados inmobiliarios de las tierras públicas. Una prueba de ello son los diversos arreglos realizados en los terrenos más caros de la CABA por parte de los diferentes gobiernos porteños desde la dictadura en adelante, con apoyo de las bancadas pseudo opositoras. Pero la presidenta Cristina F. de Kirchner es la que más lejos ha ido. El 1° de diciembre de 2015 (45 días después de haber perdido las elecciones nacionales y a solo 9 días de asumir Macri el gobierno) sacó un decreto ‘reglamentador’ por el cual explícitamente otorga superpoderes a la AABE permitiendo la venta de las tierras y edificios nacionales que considere. Demás está decir que el oficialismo macrista, usando estos decretos K, se ha lanzado con todo a ejecutar esta liquidación en favor de grupos inmobiliarios. El año pasado se vendieron propiedades por un valor de 380 millones de dólares.

 Y, en su afán liquidador, está usando al ministerio de Seguridad para concretar desalojos que permitan avanzar en la venta de terrenos. Esos son los casos actuales de la Asamblea de Villa Urquiza que ha resistido un desalojo policial y de los terrenos de la Unsam con la amenaza inmediata de entregar parte de ellos a la Aceitera Deheza para promover una playa de carga inmediata al FFCC Mitre y trasladar hacia esa zona, parte de la terminal de Retiro para poder avanzar en la entrega de tierras ferroviarias. En el presupuesto nacional se da vía libre a la enajenación arbitraria de tierras pertenecientes al FFCC (Caballito, etc.).

En la reunión se decidió tomar contacto con todas las organizaciones existentes que vienen resistiendo y denunciando esta política de liquidación de tierras nacionales y negociados inmobiliarios en todo el país. Para ello se armará una página web donde se irán publicando las denuncias de negociados en marcha. Se resolvió apoyar la movilización que organizó la comisión de vecinos de Villa Adelina contra la enajenación del campo de Golf. Y realizar una reunión extraordinaria el sábado 20 en la sede de la Asamblea Vecinal de Villa Urquiza, amenazada de expulsión judicial-policial para el 31 de octubre. También se votó la movilización si el conflicto de la Unsam pegaba un salto por el inminente intento unilateral de poner en marcha la entrega de tierras a la Aceitera Deheza.

Hubo acuerdo general en la necesidad de defender esta Coordinadora y apelar a medidas de denuncia y de acción directa para impedir la consumación de estas estafas. El objetivo central es quitarle esa autorización anticonstitucional a la AABE. El PO presentó un proyecto de ley en tal sentido, derogando los decretazos de CFK y de Macri y disolviendo la AABE. Plantea que cualquier intento de venta de tierras públicas debe ser aprobado por el Congreso Nacional, previa Audiencia Pública que fije los términos de una Consulta Popular Vinculante en la zona correspondiente. Este proyecto se suma a otros similares, presentados por asambleístas, por lo cual, en una próxima reunión se debatirá consensuar los mismos para avanzar también en el frente legislativo.

La organización y movilización independiente de los vecinos, si se une al movimiento obrero, en primer lugar el ferroviario cuyos terrenos son los más apetecibles para los especuladores y funcionarios, será una barrera fenomenal a esta entrega que viene de la mano del ajuste fondomonetarista y en beneficio de amigos del poder.

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