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20 de mayo de 2019

No a la liquidación de la jubilación del “ama de casa”

El 23 de julio vence la moratoria para ingresar al sistema de regularización de aportes jubilatorios para las “amas de casa”. El gobierno, a través del Anses, tiene el resorte de establecer un nuevo plazo de moratoria como se hizo en 2016 o de ejecutar el pasaje definitivo a la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), con mayores restricciones en los requisitos y menores ingresos. Este último camino es el que exige el FMI para profundizar la precariedad jubilatoria y pasar plenamente a un régimen de subsidios a la vejez.

La reforma previsional estuvo y está en el centro del programa de gobierno de Cambiemos, del PJ y entre las principales las exigencias del FMI. Cristina Fernández de Kirchner declinó su candidatura en favor de Alberto Fernández, un lobbista de los bancos y las AFJPs.

La “Ley Omnibus” que pone fin al sistema actual, convierte la jubilación en subsidio y extiende la edad de acceso de las mujeres a este subsidio, fue aprobada por un transversal abanico de fuerzas políticas en el Congreso. Entre ellos el bloque de Cambiemos, Carla Carrizo del espacio de Martín Lousteau, pejotistas de toda índole con Juan Schiaretti a la cabeza y pejotakirchneristas como el pampeano Sergio Ziliotto, electo gobernador de La Pampa y quien preside la Comisión de Trabajo de Diputados por donde no pasa ni una ley a favor de los trabajadores.

La moratoria permanente de autónomos (para el sistema toda persona que no declare sus aportes por relación de dependencia es “autónomo”) fue dictada por ley en 1995 y en diciembre de 2005 se puso en marcha la disposición para que toda persona que tuviera la edad de jubilarse, lo hiciera pagando hasta en 60 cuotas las deudas de los aportes no realizados, una carga que le debía corresponder al Estado y a las patronales, responsables de la precariedad laboral que impidió a esos trabajadores y trabajadoras aportar (decreto 1454/05). A este régimen se adhirieron 1.8 millones de mujeres sobre más de 3 millones de beneficiarios.

En nuestro país el trabajo informal promedia el 34% de la población económicamente activa, entre las mujeres el porcentaje asciende al 37% y esta tendencia se incrementa en medio de los ajustes, despidos y la precarización laboral. El 60% de los hogares que están por debajo de la línea de pobreza y que cuentan con niños, son monoparentales dirigidos por una mujer. Las jubilaciones y pensiones y el salario mínimo acumulan en los últimos 12 meses una pérdida real de entre el 12,8 y 15,5%. A los futuros jubilados los espera una pensión por debajo de estas jubilaciones. Estas condiciones de vida son responsabilidad del Estado y de las patronales.

La liquidación actual del sistema fue allanada por la extensión del cobro de la jubilación mínima hasta alcanzar casi el 60% del total de jubilados, con el mantenimiento de una mínima por debajo de los niveles del costo de una canasta familiar para jubilados, por el veto de CFK del 82% móvil, por la rebaja de los aportes patronales, por el vaciamiento del PAMI y por no haber aplicado una política impositiva progresiva, o sea que gravara a las grandes patronales para solventar el sistema.

Independencia económica para las mujeres

Un informe de CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata), da cuenta del impacto que el ingreso económico de una mujer, incluso uno tan bajo como este, produce sobre su sistema de relaciones. Más divorcios entre un sector con mayor nivel educativo, señala el informe, mayor poder de negociación para las mujeres más pobres al interior de sus hogares. Otra vez el dato alerta al respecto de que la lucha por los derechos de las mujeres sin la lucha contra el ajuste es puro humo. Hay una puja objetiva entre un régimen capitalista y los planes del FMI que buscan depreciar cada vez más el ingreso de la clase trabajadora y las aspiraciones de las mujeres a gozar de derechos que resultan contrarios al interés social y material del capital.

Con la ley “Ómnibus” o de “Reparación Histórica”, se reformuló buena parte del sistema previsional con el fin de avanzar en su vaciamiento y privatización. Con la reforma de diciembre de 2017, entre una formidable represión al pueblo, esta tarea ordenada por el FMI tuvo su continuidad extendiendo la edad para la elección de la jubilación llevándola a 70 años, que junto a la extensión de la edad para el acceso de la PUAM para las mujeres operada en 2016, constituyen dos claros antecedentes para pasar a la moda internacional del capital en crisis de extender la edad jubilatoria.

Tenemos que rechazar el fin de la moratoria del sistema de jubilación para las amas de casa y recuperarlo también para todos los trabajadores, reclamar el incremento de la misma para que constituya un ingreso real acorde al costo de vida de las y los jubilados, defender el 82% móvil para todos los jubilados y el financiamiento del sistema sobre la base del fin de la reducción de aportes patronales, la reposición de las rebajas operadas e impuestos progresivos.

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