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10 de mayo de 2019

Separan a una jueza que insultaba a víctimas de violencia de género

También está acusada de mandar a quemar denuncias

La titular del juzgado de Paz de San Vicente, Julieta María Ormaechea, fue separada de su cargo por 90 días por ejercer violencia contra mujeres denunciantes de violencia de género. La medida fue resuelta por la Corte Suprema bonaerense, a instancias de una denuncia presentada por el procurador provincial en abril de este año.

“¿Usted es tarada? ¿Es mogólica? ¿Es discapacitada?... Vuelva con él y déjese de molestar”. Así le respondió a una de las mujeres que fue al juzgado a ratificar sus denuncias realizadas en la comisaría de la mujer. Pero no se quedaba ahí sino que además mandaba a quemar los expedientes originales de las diferentes causas por violencia de género que no habían sido ratificadas, este hecho hizo que estas denuncias no fueran incorporadas a las estadísticas. Exigía que las denuncias fueran ratificadas cuando la ley 12.569 nada dice al respecto. Lo mismo ocurría con la exigencia de parte de la jueza de un patrocinio letrado en etapas procesales donde no era necesario. La lista sigue con las denuncias de realizar audiencias en forma conjunta entre las víctimas y los victimarios cuando esto está prohibido por la ley 12.563 de violencia familiar. A través de esto, diferentes trabajadores/as sociales y abogados aconsejaban a las mujeres a que realicen las denuncias en el juzgado de La Plata para que no terminen maltratadas por Ormaechea. Esto significó que se dupliquen las causas en la capital provincial.

Si bien el caso de la jueza Ormaechea roza el grotesco, esto no significa que sea aislado de una situación general que es la violencia ejercida en los diferentes organismos del Estado contra las mujeres que se animan a denunciar diferentes casos de violencia de género, en un país que tiene una de las estadísticas más altas de femicidios en toda Latinoamérica.

El enorme movimiento de mujeres que ha ganado las calles a partir del primer #NiUnaMenos debe rechazar activamente esta violencia institucional, porque la “inoperancia” de las instituciones que deben recibir denuncias y llevar adelante la protección de la mujer violentada se encuentra en la base del propio Estado que garantiza las condiciones sociales que viabilizan la violencia contra la mujer.

Repudiamos el accionar cometido por la jueza Ormaechea y exigimos su destitución inmediata. Pero además, esto vuelve a poner en el centro del debate nuestra propuesta de un consejo autónomo de mujeres con cargos electos y revocables por el padrón femenino desde los 13 años. Esto, como superación de las “leyes de emergencia” que ratifican a las instituciones vigentes como canales de denuncia y que no han dado una salida a las víctimas de la violencia de género.

Este consejo autónomo tendría capacidad de aplicar las medidas urgentes y transitorias (casas refugio, centros de asistencia con trabajadores en planta permanente, cupos laborales de un 3% en el Estado). Pero además, este organismo tendría capacidad de control sobre todos los poderes, incluida la justicia.

La mejora en las condiciones de vida de las mujeres no puede producirse de la mano del mismo Estado que utiliza la violencia sobre la mujer como un mecanismo de disciplinamiento social.

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