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22 de mayo de 2018

Urtubey y Macri: pacto para avanzar con el desmonte ilegal del bosque salteño

Por pedido de la Sociedad Rural.

Una resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación de enero último, declaró ilegales 32 permisos de desmontes autorizados por el gobierno de Salta mediante el mecanismo de re-categorización, modificando el nivel de protección del suelo.

Se le pidió al gobernador Juan Manuel Urtubey la suspensión de la práctica y este accedió, pero en los últimos días, y luego de una reunión con el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, todo parece indicar que el gobierno nacional convalidará las actividades ilegales perpetradas contra 40 mil hectáreas de bosque nativo.

En el curso de las últimas semanas se especuló sobre que iba a suceder con esas actividades. Desde el PO sostuvimos que entre el gobierno nacional y el provincial no había divergencias de fondo y que se alcanzaría un rápido acuerdo.

La semana pasada, los gobiernos nacional y provincial concretaron un convenio para una evaluación común, “caso por caso”, para verificar el cumplimiento o no de la ley nacional. Pero si se suspendieron los desmontes por ilegales, la evaluación “caso por caso” no es otra cosa que una adecuación de la norma a los intereses de cada empresario. Es la negación de la ley de bosques.

Las cámaras empresariales mostraron su beneplácito tras la visita de Bergman a Salta, mostrándola como “un paso en la reactivación de la producción” (Tribuno 19/5) y representantes de entidades rurales “consideraron que la suspensión de los desmontes va a quedar sin efecto” (Cuarto Poder 18/5).

El problema es grave: mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, Greenpeace detectó la continuidad de los desmontes incluso luego de las suspensiones preventivas. Entre los empresarios involucrados figuran Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri); Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Ya han arrasado con 40 mil héctareas, una porción importante de bosque, pero el permiso de Urtubey alcanza un total de 144.984 hectáreas protegidas. Todavía tienen 100 mil hectáreas por desmontar.

Un mapa de bosques “de goma”

Urtubey facilitó desmontes en zonas protegidas a través de las famosas recategorizaciones. En sus 11 años de gobierno, se avanzó contra medio millón de hectáreas (100 mil con este mecanismo), equivalentes a casi el 4% de todo el territorio de la provincia, sobre todo ubicadas en el chaco salteño.

Para no volver a tener trabas legales, las mismas organizaciones que impulsan el blanqueo de los desmontes ilegales, quieren una modificación profunda en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), para que se permitan prácticas rayanas en el desmonte de las zonas amarillas, que corresponden a un mediano valor de conservación, que no deben desmontarse.

La Sociedad Rural, sin rodeos, se animó a decir que quieren pasar 5 millones de hectáreas del amarillo al verde (más del 60% del total), lo que sería una licencia para arrasar el monte. Esta es la burguesía nacional que fundió al país, pide un dólar a 30 pesos y está dispuesta a rematar los recursos naturales en un negocio especulativo de corto vuelo.

Desde el PO insistiremos con nuestra ley de moratoria de desmontes, que termine con la catástrofe ambiental y dé poder de veto a las comunidades criollas y aborígenes perjudicadas. El gobierno ha puesto en pie una farsa de revisión “consensuada” del mapa de bosques, pero lo cierto es que las cámaras empresariales tienen la última palabra.

Llamamos a las comunidades afectadas, a los científicos y organizaciones denunciantes a que desenvolvamos una acción independiente de organización, debate y denuncia contra la catástrofe ambiental que avanza raudamente. Los trabajadores tenemos que pararle la mano a Urtubey y a la clase social que está rematando el país y rifando nuestro futuro.

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