El próximo miércoles 27/11 a las 8:00 horas se realizará la audiencia de control de acusación en el juicio que el Ejecutivo Municipal (Cambiemos) impulsa contra Patricia Jure, la trabajadora municipal Marisol Vazquez y el jubilado municipal Juan Carlos González Palma.

En dicha audiencia se decide si avanza el juicio o se dicta el sobreseimiento.

Se los acusa según el artículo 241 inciso 2 del Código Penal de “entorpecer o impedir a un funcionario público en el acto de sus funciones” ejerciendo violencia para impedir la sesión que trataba una reforma contra los derechos jubilatorios de los municipales en un proyecto consensuado entre los concejales de Cambiemos y del MPN.

En un Concejo Deliberante vallado y con decenas de policías dentro del edificio del propio Concejo, una movilización de municipales se manifestaba en la calle junto a trabajadores de las cerámicas que venían por el tratamiento de otro proyecto que los involucraba.

La acusación es una patraña política del macrismo con el apoyo del MPN, y solo está basada en los dichos de autoridades del Concejo, ediles de Cambiemos y del MPN y de policías. En tanto, concejales de cuatro bloques han declarado que no hay la menor razón para impulsar una acción judicial y solicitan la anulación de la causa.

El sucesor del fallecido intendente y en ese entonces presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Monzani, fracasó -a pesar de tener mayoría con las bancas aliadas del MPN- para sancionar en su momento a la concejal Jure, como lo habilita el Reglamento Interno del organismo. Y no pudo siquiera constituir una comisión de acusación, porque nadie consideró que hubiera existido delito en el accionar de Jure o los municipales.

El fracaso del intento punitivo interno y el hecho que el proyecto finalmente votado días después tuvo que ser recortado en aspectos como el aumento de la edad jubilatoria y otros ítems, desató la ira del fallecido intendente “Pechi” Quiroga e inició la denuncia penal por “increpar al presidente del Concejo” (diario Río Negro, 22/4). Su fracaso como candidato a gobernador en las elecciones provinciales de marzo redobló su ataque político, llegando incluso a presionar a través del abogado del municipio pidiendo “que la Fiscalía tome una decisión; si considera que no hubo delito que la fiscal Valeria Panozzo y el fiscal en jefe (Pablo Vignaroli) lo digan, para presentar los recursos que consideremos. De lo contrario que le formulen cargos” (idem).

Decenas de direcciones sindicales a nivel local, nacional e internacional, así como la totalidad de los organismos de Derechos Humanos de Neuquén y miles de trabajadoras/es se han expresado por la absolución y la anulación de la causa, en el entendimiento que se busca censurar el uso de la palabra de la oposición en general y la izquierda clasista en particular en los recintos legislativos, donde el FIT cuenta a partir del 10 de diciembre próximo con dos concejales y dos diputados.

Además de sentar un precedente penal contra la movilización popular y el derecho a luchar contra los atropellos y la quita de conquistas laborales.

Convocamos a todas las organizaciones y a la clase trabajadora a concurrir el próximo miércoles 27/11 a las 8 horas a las puertas de Tribunales (Leloir y Entre Ríos).