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2 de noviembre de 2018

Un “colegio” donde nada se aprende

El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a manifestantes y diputados por el 24O.
Un “colegio” donde nada se aprende

De izquierda a derecha, Guillermo Lipera, el fallecido periodista Julio Blanck y Mauricio Macri.

El presidente de la Asociación Civil “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, denunció penalmente a manifestantes y diputados en el marco de la represión del 24 de octubre por “daños en bienes públicos y privados cuyo costo se estima en una suma millonaria” y por “la intención de impedir o perturbar el orden de la sesión por la ley de presupuesto” impidiendo, "aunque sea temporariamente", el libre ejercicio de las facultades constitucionales. Es decir, la vieja cantinela de la tentativa “sediciosa” utilizada contra los manifestantes del 18 de diciembre del año pasado, cuando el Congreso aprobó el robo de 80 mil millones de pesos a los jubilados.

Guillermo Lipera, el presidente de esta reaccionaria asociación –la cual no debe confundirse con el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es la institución en la cual los abogados deben matricularse para litigar–,  presentó una denuncia de una calidad técnica tan deplorable que debería recursar Derecho Penal. 

Para ello destaca que los hechos generados (rotura de bancos, barandas, carteleras, etc.) tuvieron como fin  impedir que el poder legislativo debatiera el Presupuesto 2019.  Temerariamente agrega que “la planificada operatoria, que nos muestra la utilización de armas propias e impropias, como las bombas molotov, gomeras y todo tipo de objetos contundentes, estaba destinada a impedir el ejercicio de funciones constitucionales del Poder Legislativo Nacional”. 

Los artículos invocados por el letrado, incluidos en el capítulo “Atentados al orden constitucional y la vida democrática” del Código Penal son los mismos que el fiscal Moldes y otros trogloditas del Derecho pretendieron utilizar contra los compañeros acusados en diciembre de 2017 y sus argumentos fueron rechazados por la Justicia. 

Lipera también denuncia a los diputados que pedían que se levantara la sesión mientras continuara la represión puertas afuera. A ellos también pretende aplicar el Código Penal, ¡cuando forma parte de las prerrogativas de los diputados poder solicitar el levantamiento de la sesión! ¿Acaso pretende que el Poder Judicial intervenga al Poder Legislativo en flagrante violación al principio constitucional de división de poderes? Estos “buenos republicanos” parece que leyeron mal la Constitución Nacional.

Claramente, con independencia de su torpe factura técnica, esta denuncia tiene una intencionalidad política que va de la mano con la posición de gobierno nacional. Está dirigida a desviar el foco de la aprobación en la Cámara de Diputados, con un ajustado quórum, de un presupuesto de hambre, dictado por el FMI. Ese presupuesto “costará” nada menos que $600 mil millones de pesos en intereses de la deuda externa, a expensas del sacrificio de los trabajadores argentinos.

¿Qué ocurrió el 24 de octubre? Conociendo de antemano que la oposición popular se traduciría, como ocurrió, en una enorme movilización para manifestarse en contra del presupuesto 2019, el gobierno pergeñó un plan represivo que culminó con 20 detenidos en una cacería policial a varias cuadras a la redonda. Los medios de comunicación concentraron su cobertura en los supuestos “desmanes”. El objetivo de la represión era impedir que la movilización a Plaza Congreso se incrementara con el correr de las horas. La violencia policial se descargó también sobre los diputados que se acercaron a las vallas para tomar conocimiento directo de lo que estaba ocurriendo en los alrededores.

De inocultable cuño macrista, la denuncia penal del abogado Lipera constituye un apoyo al planteo de ´mano dura´ contra la protesta que levanta Patricia Bullrich, la cual ya está pergeñando una nueva provocación, anticipándose a la reunión del G20 del próximo 30 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

El memorial presentado es un alegato ideológico, sin fundamento técnico ni jurídico, desarrollado por un grupo de abogados reaccionarios, que se manifiestan abiertamente en contra de la ESI, el aborto legal seguro  y gratuito y de cuyo seno, surgen los defensores de genocidas.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 a cargo del Dr. Ramos, quien debería, rechazarla de plano.

Como abogados, militantes socialistas, rechazamos la persecución de militantes populares y bregamos por la libre manifestación popular. 

Basta de criminalización.

No a la represión.

¡Fuera Bullrich!

 

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