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29 de octubre de 2018

Represión en Cushamen: las víctimas, en el banquillo de los acusados

Este lunes se inició el juicio por la represión en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, llevada a cabo el 10 y 11 de enero del año pasado por fuerzas de Gendarmería.

Pero en el banquillo de los acusados no están sentados los policías y gendarmes responsables de esa brutal represión sino Ivana Huenelaf, Javier Huenchupan, Jorge Buchile, “Rojita” González y Gustavo Jaime, cinco de las decenas de víctimas del ataque. Los cinco formaron parte de un grupo que acudió a Cushamen en solidaridad ante la brutal agresión. Los policías, al igual que los gendarmes que participaron en el operativo, siguen impunes.

El 10 y 11 de enero de 2017, una feroz represión en Cushamen, dejó varios manifestantes heridos severamente y varios detenidos. El 10, oficiales de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut desalojaron el corte de vías que se hacía dentro del terreno de la comunidad. El 11, la comunidad soportó el operativo represivo más violento que habían sufrido hasta entonces, en el cual hubo heridos con balas de goma tiradas a muy corta distancia. Luego del ataque de más de 300 gendarmes, arremetió contra ellos la policía local, provocando nuevos heridos y detenciones dentro de la comunidad y en áreas aledañas. Producto de ese operativo estuvo detenido varios días Ariel Garzi, amigo de Santiago Maldonado.

Por esa causa había un policía imputado por homicidio agravado en grado de tentativa y abuso de autoridad por las graves heridas cometidas contra dos miembros de la comunidad, quienes sufrieron fracturas de mandíbula y de cráneo.

Ese día, los policías fueron trasladados en camionetas de la empresa Benetton, cuando secuestraron y torturaron a quienes hoy son incriminados. “Los vamos a hacer desaparecer”, les repetían los uniformados durante las horas en las que los mantuvieron secuestrados, según testimoniaron los detenidos cuando fueron liberados.

El día que debía realizarse una reconstrucción de los hechos, en mayo de este año, la casilla de seguridad de la comunidad donde se efectuaron los disparos que generaron las heridas de mayor gravedad, sufrió un incendio que impidió llevarlo adelante.

El abogado Chuzo González Quintana, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, también acusado por la Justicia de Chubut por su defensa de los integrantes de la comunidad, destacó hoy que “se piden severas condenas para las cinco víctimas, cuatro de los cuales son de origen mapuche”. El abogado remarcó que se trata de una persecución política a la comunidad mapuche y una política de impunidad para las fuerzas represivas: “tenemos tres víctimas imputadas esperando juicio, dos de ellas de origen mapuche y en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado tenemos seis testigos imputados, cinco de ellos de origen mapuche y dos abogados de Derechos Humanos, entre los que me encuentro”. Y agregó que “en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel tenemos dos víctimas imputadas y con pedidos de captura internacional, ambos de origen mapuche”.

La represión del 10 y 11 de enero fue la primera luego del informe presentado por el Ministerio de Seguridad en 2016, que definía a “la RAM” como un peligro para los intereses petroleros en la zona. Esa decisión política del gobierno nacional fue la que encuadró la segunda detención y extradición de Facundo Jones Huala – lonko de la comunidad Pu Lof. Fue el prolegómeno de la represión del 1 de agosto, en la cual desapareció y murió Santiago Maldonado.

Es de interés común para el gobierno argentino y el chileno el combatir la llamada "problemática mapuche", que afecta la “seguridad jurídica” de los pulpos mineros, petroleros y gasíferos que explotan la zona de ambos lados de la cordillera.

Exigimos la inmediata libertad de los cinco imputados, el cierre de la causa a todas las víctimas, el cese de la persecución y el castigo a los responsables materiales y políticos de las heridas sufridas por los mapuche el 10 y 11 de agosto.

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