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4 de julio de 2018

Se aprobó cupo laboral trans en la ciudad de Santa Fe

Por German Cabanillas
Agrupación LGBTI 1969

Tras año y medio de estancamiento, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de cupo laboral trans impulsado desde organizaciones civiles.

La mañana del 28 de julio pasado, en la explanada del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la ciudad, distintos espacios LGBT+ santafesinos nos sumamos a la manifestación popular para exigir la inmediata aprobación de un cupo laboral trans, que desde hacía tiempo venía cajoneándose.

El cuerpo de concejales (UCR/PRO-Cambiemos, PJ, FPCyS) sancionó en forma unánime la ordenanza que permitirá que por año cinco personas –no un porcentaje– puedan insertarse laboralmente en el ámbito municipal. La normativa contiene un articulado que exime de impuestos a empresas estatales y privadas, y los ediles resolvieron revisar algunos puntos referidos a la idoneidad y el control burocrático del personal que se contratará. Así, la lucha por el cupo queda supeditada a ofrecer estímulos al capital y a las maniobras oportunistas del Gobierno de la Ciudad.

Un cupo trans con límites

Un cupo laboral es limitado a la hora de atacar una desigualdad estructural, pero a la vez es una herramienta útil para confrontar al Estado garante de marginación y opresión social al colectivo LGBT+. Santa Fe es la novena ciudad de la provincia que aprueba un cupo laboral: Santo Tomé, Rincón, Venado Tuerto, Rosario, Capitán Bermúdez, San Justo, Chañar Ladeado y Gálvez lo tienen. Celebramos la nueva gran conquista, pero vemos algunas limitaciones.

El Concejo aprobó una Ordenanza por la que habrá un cupo de trabajo anual a cuentagotas de personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad laboral en el Estado, sus prestatarias y privadas. El municipio llevará un Registro Único de Aspirantes para estadística, escalafonamiento y control; y fomentará convenios para pasantías en el sector público y privado, y otros con instituciones educativas para promover el acceso y permanencia en la educación primaria, secundaria y superior.

Una pretendida inclusividad no puede ser discriminatoria. El requisito de idoneidad es de por sí para una minoría, debido a la continua expulsión del sistema educativo que sufre el colectivo; el Estado debe ser el primero en disponer todos los recursos para garantizar las trayectorias educativas y la contención necesaria de las personas trans beneficiarias en los términos más favorables para poder sostener un empleo de forma estable. Las modalidades de contratos temporales y pasantías esconden trabajo precarizado, sin convenio de salario mínimo vital y móvil igual al costo de la canasta.

Muchos de los proyectos de cupo laboral trans que se conquistaron en la provincia fueron aprobados con agregados “progresistas” de incentivo fiscal y de exención de cargas sociales o impuestos a las patronales privadas o subsidiarias estatales. Es decir, un señuelo con la anuencia del Estado y de organizaciones afines a los gobiernos del ajuste para que se incorporen personas trans al empleo formal. La lucha contra la discriminación laboral por orientación sexual y de género no es tal si se la manipula como demagogia y modalidad de amnistía a la evasión y el blanqueo de dinero de las patronales.

En el caso de Capitán Bermúdez, desde la banca del Partido Obrero se puso sobre tablas un proyecto de cupo laboral trans confeccionado junto a los miembros de la comunidad sin cláusulas excluyentes ni ningún estímulo al capital, porque ello fomenta el acoso y la discriminación en los lugares de trabajo. Entendemos que el problema de fondo de la exclusión laboral y social del colectivo trans no se soluciona con “políticas ejemplares” que no se traducen en inclusión real ni en disminución del desempleo ni de la violencia extrema.

Organicémonos por un cupo genuino e inclusivo

Las disposiciones contenidas en la ley deben tener por objetivo garantizar realmente la igualdad de oportunidades en el empleo para personas tavestis-trans. Es imperioso buscar revertir la tradición de desidia y abandono por parte del Estado para con este sector. La discriminación, el estigma y la segregación a las identidades trans, la violencia, el abuso, la explotación sexual, los travesticidios y los crímenes de odio operan en la población producto de la ignorancia y el prejuicio del cual es presa.

Es clave también la reglamentación de un cupo provincial con participación de la población trans santafesina, que no signifique propaganda de sostén de un endeble FPCyS (Frente Progresista, fuerza gobernante de la provincia), que continúa negándonos el derecho a la identidad. En el país, la política de Cambiemos ha profundizado la discriminación social y patronal que las personas trans sufren. Los gobiernos pasados –nacional y provinciales– en esta materia no han superado la línea de la demagogia, negándose a cualquier transformación de fondo que atienda a las necesidades de las personas del colectivo travesti-trans.

El desarraigo  temprano del hogar, producto del rechazo familiar a su condición de género,  y la imposibilidad de concluir los estudios, abonan el camino de la prostitución como casi único recurso de subsistencia para las feminidades trans, con toda la clase de riesgos que supone. La violencia policial ejercida por el Estado y la criminalización de las sexualidades disidentes son realidades cotidianas. La cifra de mortalidad temprana es altísima. Esta realidad es la consecuencia del no reconocimiento de su identidad autopercibida, la impugnación de su existencia por no ajustarse al binarismo genérico, y redunda en su degradación como sujetos de derecho, relegándolos a una vida material precaria y plagada de riesgos y violencia.

El Ejecutivo municipal tiene de 30 a 90 días para implementar el cupo. En un marco de ajuste brutal, de reforma laboral, de despidos generalizados, pero de rotundas victorias populares como la de la media sanción del derecho al aborto legal para personas gestantes, exijámosle al gobierno la implementación efectiva de un cupo laboral trans genuino e inclusivo por medio de la movilización independiente del Estado, de la Iglesia y de las patronales.

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