20/01/2020

La renuncia del gobierno ruso

El reciente anuncio de Putin planteando una reforma de la Constitución rusa provocó un gran sismo político.


La Constitución de 1993 otorgaba poderes casi absolutos al presidente de la Federación, la reforma contempla darle más poder al Parlamento en la formación del Gobierno, facultándolo a aprobar la nominación del primer ministro propuesto por el presidente, y dotar de influencia a un Consejo de Estado, ahora consultivo e irrelevante.


Mientras los medios afines al gobierno destacan que se ha abierto la vía hacia un mayor parlamentarismo y equilibrio del poder, los críticos ven justo lo contrario: una maniobra del actual presidente para perpetuarse, preparando el escenario para que Putin siga manejando los hilos más allá de 2024, cuando termina su mandato presidencial y ya no tiene chances de ser reelegido.


La reforma le posibilitaría volver a ser primer ministro, como hizo en 2008. O, más probable, presidir un Consejo de Estado reforzado. Esta variante, según diversos analistas, sería la más probable. Esto le permitiría ser árbitro entre los distintos poderes, una vez repartidos, y convertirse de forma vitalicia en líder incuestionable de la nación.


La consecuencia inmediata en Rusia ha sido la dimisión en bloque del gobierno encabezado por Medvedev. Mano derecha de Putin, el Primer Ministro venía absorbiendo en los últimos años el malestar de los rusos por el deterioro de las condiciones de vida de la población y también la falta de libertades.


Crisis social y política


Los ingresos reales para la gran mayoría de los rusos se han desplomado cinco años seguidos y, según un informe de Nezavisimaya Gazeta, están un 6.4 por ciento por debajo de su nivel en 2013. Los precios de la mayoría de los alimentos han aumentado en promedio entre un 50 y un 80 por ciento en 2015-2019. Uno de cada ocho rusos ahora vive oficialmente con menos de U$S150 al mes. Según el periódico Vedomosti, el 27% de los que tienen entre 18 y 30 años, el 34% de los que tienen entre 31 y 40 y el 38% de las personas mayores de 60 años se consideran "extremadamente pobres".


El gobierno ruso se ha involucrado en una austeridad de gran alcance en los últimos años, obligando a la clase trabajadora y a la clase media baja a asumir la carga de la crisis económica en el país que se han exacerbado dramáticamente por las sanciones económicas de los EE.UU. y la UE a raíz de la crisis de Ucrania a principios de 2014.


Desde 2012, el gasto en atención médica se ha reducido en un 16% y en educación en un 14%. Se estima que el 80 por ciento de las escuelas rusas ahora se encuentran en edificios inseguros o mal mantenidos y cientos de hospitales han sido cerrados en los últimos años, dejando a sectores enteros de la población, especialmente en el campo, sin acceso inmediato a atención médica. Mientras tanto, los principales oligarcas de Rusia, todos los cuales tienen estrechos vínculos con el gobierno y Putin, en particular, han estado expandiendo masivamente su riqueza


Un salto en el descontento lo provocó la reforma jubilatoria, en virtud de la cual la edad de retiro de 60 a 65 años para los hombres y de 55 a 60 años, para las mujeres con vigencia desde 2019.


Hasta la altísima popularidad de Putin empezó a resentirse especialmente con la sanción de la nueva ley de pensiones, que cosechó el 90% de rechazo en la población. Esto ha tenido su traducción en el plano político. Según la agencia de encuestas VTsIOM, el 30.9 por ciento de los rusos confiaron en Putin en noviembre de 2019, en comparación con el 70 por ciento en 2014.


Esta pérdida de ascendiente está teniendo su traducción en el campo político. La exclusión de decenas de opositores en las elecciones municipales del año pasado desató protestas masivas en Moscú y otras localidades. En el elenco gobernante, existe un creciente nerviosismo de que esta tendencia se afirme. Un aviso lo constituyeron las derrotas sufridas por el partido gobernante de Rusia, Rusia Unida, en las elecciones regionales en septiembre del 2018. Rusia Unida no alcanzó a reunir el 50% de los votos emitidos en once de las dieciséis elecciones y, en algunos casos, se abrió paso a través del fraude. Quienes lograron avanzar en los comicios no sólo provienen de la oposición liberal, sino de las filas de fuerzas que se reclaman de la izquierda. El Partido Comunista se alzó con el triunfo en varias repúblicas y fue levantando cabeza en medio de las movilizaciones contra la reforma previsional.


Solo así se entienden la premura por reformar la Constitución a mediados de año y el previsible adelanto de las legislativas del año que viene. Algunos comentaristas destacan que el líder ruso convoca a una “consulta voluntaria” para habilitar la reforma y no a un referéndum obligatorio, con la cual especula que va a ser más fácil cosechar una mayoría para respaldar la movida.


El anuncio de la reforma constitucional estuvo acompañado de una agenda de medidas sociales. La crisis económica y social constituyen una bomba de tiempo y el líder ruso es consciente que eso puede terminar estallando en sus narices, como viene ocurriendo en otros rincones del planeta. Putin prometió una mayor asistencia estatal a las familias pobres y la entrega de alimentos gratis en las escuelas a los niños de los primeros grados y de la provisión también gratuita de medicamentos por parte del Estado. La agenda incluye el respeto de los salarios de docentes, médicos y paramédicos, en particular, muchos de los cuales reciben salarios que los colocan por debajo del nivel oficial de pobreza de solo U$S150 por mes.


Esta malla asistencial de contención es un paliativo pero está muy lejos de revertir las tensiones económicas, sociales y políticas. La economía se hunde en una recesión, con un crecimiento casi nulo en el sector manufacturero en el último trimestre de 2019 y una disminución en la producción de petróleo. Las sanciones económicas que el imperialismo ha venido aplicando al régimen ruso se han hecho sentir en su frágil economía.


Estos factores potencian las contradicciones ya presentes y distintivas de la restauración capitalista que ha llevado a Rusia hacia atrás, destruyendo parte de sus fuerzas productivas y provocando un desmantelamiento de su infraestructura técnica e industrial. Hoy es una nación rentista que vive básicamente de sus exportaciones de gas y petróleo y, al igual que otros países emergentes, está soportando la caída de los precios de las materias primas, la fuga de capitales, los coletazos de la guerra comercial y, de un modo general, de la bancarrota capitalista.


Perspectivas


Aunque Putin le ha reservado un lugar expectable en la nueva reorganización gubernamental, el primer ministro Mevdeviev, hasta ahora su delfín, ha terminado siendo el pato de la boda. Lejos de cerrarse, muy probablemente la crisis política recién arranque.


Los grandes oligarcas presionan a Putin -y, si hiciera falta, pasar por encima de él- para desarrollar una base más amplia de desenvolvimiento capitalista, que no dependa solo de los precios del petróleo. Y buscan para ello el rescate y el auxilio del capital internacional, recursos que no están en condiciones de ofrecer el deteriorado sistema bancario y el Estado ruso. Pero eso plantea, a su turno, un mayor dominio del capital internacional sobre Rusia y acentúa los reclamos en las filas de los grandes potentados rusos en favor de una distensión con el imperialismo y una aproximación mayor con Occidente y en especial con Estados Unidos. Con más razón, en momentos en que asistimos a un salto en la escalada imperialista y en la guerra en Medio Oriente, que afecta en forma directa a las propias provincias rusas situadas geográficamente en el Cáucaso. La hoja de ruta que alienta la oligarquía es lograr el levantamiento de las sanciones económicas, la reducción del gasto militar y de las operaciones militares en el exterior, una política liberal y seguridad jurídica para atraer capital extranjero, ajuste fiscal y mayor flexibilización laboral.


Este movimiento tiene algunos puntos de contacto con la "revolución democrática" en Ucrania de 2014, el movimiento de protesta de la plaza Maidan, respaldado por el imperialismo que estaba dominado por sectores de la oligarquía en Ucrania, y culminó en el golpe de Estado encabezado por fuerzas fascistas contra el presidente prorruso, Viktor Yanukovich. Al igual que sus pares ucranianos, la oposición liberal rusa no se ha privado de mantener vasos comunicantes con la ultraderecha vernácula.


Con la vista puesta en estas movidas, Putin ya ha propuesto que los candidatos presidenciales tengan un mínimo de 10 años de residencia permanente en Rusia a 25 años. Esta medida claramente tiene la intención de socavar la base legal de los miembros de la oposición liberal, muchos de los cuales han vivido durante un período más largo en Occidente o todavía residen allí.


La reorganización del gobierno tiene como objetivo revitalizar el régimen bonapartista cada vez en mayores aprietos, cuyo rol de árbitro viene teniendo grietas crecientes, a través de las cuales se va colando el descontento de todas las clases sociales.


El lugar especial de Putin en las últimas décadas de Rusia es el de haber liderado la operación política de los Servicios de Seguridad para evitar la desintegración nacional del país, como se perfilaba en los primeros años de la restauración capitalista. Su prestigio está asociado a su papel de árbitro de las luchas sangrientas entre mafias y oligarquías por el acaparamiento de la propiedad estatal de la época soviética. El bonapartismo putiniano emergió como un régimen de emergencia para salvar la restauración capitalista y ese atributo terminó siendo la base para su consolidación posterior.


En el plano internacional, la función del nuevo régimen se manifestó en Ucrania con la ocupación relámpago en Crimea y luego en Siria, presentándose como el defensor de la "madre patria" y de los intereses nacionales rusos frente a la voracidad y amenaza imperialista.


Pero el tiempo no ha pasado en vano. Rusia ingresa en una cuenta regresiva. En este marco, se abren oportunidades para la intervención de la clase obrera y, a caballo de ello, para la emergencia de una oposición política socialista y revolucionaria. El punto de partida en esta dirección es la defensa de la independencia política de los trabajadores respecto del régimen putiniano y de la oposición, adaptada y cómplice del régimen restauracionista.

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