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8 de octubre de 2019

Cataluña y España, en las vísperas de la sentencia contra el Procés

Paros y movilizaciones convocadas a días de la lectura del fallo

En pocos días se conocerá la sentencia contra los dirigentes políticos catalanes que fueron encarcelados después del referéndum soberanista del 1 de octubre de 2017. Los cargos podrían implicar, en algunos casos, penas de hasta 25 años de prisión.

Como respuesta a un fallo que se anticipa desfavorable, las organizaciones catalanas están impulsando importantes medidas de lucha. La Intersindical-Confederación Sindical Catalana y la IAC (Intersindical Alternativa de Cataluña) convocan a un paro para el 12 de octubre, en tanto que algunos colectivos llaman a marchas y piquetes que podrían implicar un “colapso vial” durante esas jornadas, según se preocupa el diario madrileño El País (1-10).

Si bien las centrales que convocan al paro son minoritarias, éste tiene un impacto asegurado en el sector educativo y en la administración de la Generalitat. Y, en el cuadro de movilización popular, podría transformarse en el catalizador de la bronca que no quieren organizar ni CC.OO. ni UGT, centrales mayoritarias, ligadas al partido comunista y el partido socialista, respectivamente. Es lo que ya ocurrió en cierto modo durante los paros de 2017.

La movilización popular en Cataluña ha dado muestras de persistencia. En la última Diada (Día de Cataluña), en septiembre, se movilizó más de medio millón de personas. Si bien los números están por detrás de la Diada de 2012, se dan al cabo de una intervención federal y con presos políticos de por medio. Dicho de otro modo, la represión no ha podido detener la movilización.

En este escenario, temeroso de una rebelión contra un fallo condenatorio, el gobierno de Pedro Sánchez (Psoe) ha vuelto a amenazar con una nueva intervención sobre Cataluña. Ciudadanos, el PP y Vox, las fuerzas de la derecha, se han mostrado de acuerdo con emplear ese recurso. Y sin llegar a ese extremo, Sánchez no descarta aplicar por decreto una ley de seguridad nacional que refuerza las atribuciones represivas del gobierno e implica un control sobre los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica.

A modo de entrenamiento, el gobierno encarceló a siete integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), la combativa organización de bases, acusándolos justamente de preparar acciones de repudio a un fallo condenatorio.

Es que el fallo se conocerá en un momento de aguda crisis política en el territorio español. Sánchez, ganador de las elecciones desarrolladas el 28 de abril, no ha podido formar gobierno, por lo que habrá nuevas elecciones el 10 de noviembre. Ninguna de las principales fuerzas logró formar una mayoría parlamentaria que destrabe el bloqueo político. Un acuerdo entre el Psoe y Podemos naufragó en medio de una bochornosa pelea pública por los cargos. El problema es que noviembre podría arrojar resultados similares a los de abril y repetir así el peligro de bloqueo.

España vive una aguda crisis de su régimen político. El bloqueo fue precedido por la caída de Mariano Rajoy (PP), que aplicó la intervención contra Cataluña para terminar fuera del poder él mismo, tras una moción de censura, en medio de los escándalos de corrupción que jaquean a su partido. A esto debemos añadir una mayor fragmentación política. Podemos, que viene de sufrir un fuerte retroceso en las generales y las euroelecciones, se ha roto, con la presentación por separado de Iñigo Errejón, de Más Madrid, junto a los ecologistas de Equo. Por derecha, la expresión de este dislocamiento se ve en el ascenso de los filofascistas de Vox.

El gobierno catalán surgido tras las elecciones regionales de diciembre de 2017 y que puso fin a la intervención central, una coalición de Junts Per Catalunya y Esquerra Republicana (ERC), busca operar con cautela en el escenario político. Su planteo es el de algún tipo de salida negociada con Madrid. En función de esta política, busca valerse de la movilización popular como factor de presión. Por eso, sus llamados a la desobediencia están llenos de “peros” y sus referentes explicitan que mantienen la “mano tendida” al gobierno central. 

A su izquierda, la CUP, que ha decidido participar de las elecciones del 10N (es la primera vez que lo harán en un comicio nacional), se compromete a “llevar el conflicto al Congreso” y –en palabras de su candidata- dice que “no vamos a ser la clave de la gobernabilidad”.

Por fuera del arco definidamente soberanista, aparece Catalunya en Comú, la fuerza de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Viene de retroceder en las últimas elecciones a manos de ERC, que se transformó en la principal fuerza soberanista. El espacio de Colau critica la represión y defiende inclusive la realización de un referéndum, pero no es terminante en la cuestión de la independencia. Y sostiene un acuerdo político hacia el 10N con Pablo Iglesias, líder de Podemos, que con respecto a la cuestión catalana busca un equilibrio que desconforma por igual a sus socios y al Psoe. Cuando aún se discutía un posible gobierno con Sánchez, elevó un programa que llamaba a algún tipo de mesa de diálogo pero no incluía el reclamo elemental de un referéndum. Iglesias se ha sumado a los encendidos llamados a la moderación: “es un consenso en Catalunya que la unilateralidad fue un fracaso y algunos partidos independentistas se han dado cuenta de eso” (La Vanguardia, 3/10), opinó, refiriéndose por ‘unilateralidad’ al proceso de 2017.

El gobierno catalán reproduce todas las limitaciones de la burguesía catalana, que actúa bajo la estrecha intención de asegurar la autonomía de sus negocios y se queja por el aporte relativo mayor que hace con respecto a otras regiones. En el territorio, ha sido un garante de las políticas de ajuste. No ofrece, como perspectiva, más que un estado adscripto a la austeridad de la Unión Europea. Para las masas, en cambio, el proceso expresa la aspiración a emanciparse del régimen monárquico.

El recrudecimiento de la represión y la inminencia del fallo en Cataluña reforzarán en los próximos días la atención de los trabajadores del mundo por lo que ocurra en aquel territorio. Debemos rechazar enérgicamente la aplicación de la ley de seguridad nacional o de una nueva intervención y reclamar la absolución de los detenidos.

Defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, e incluso a su independencia, en el marco de una federación de repúblicas socialistas.
 

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