fbnoscript
13 de septiembre de 2018

Estados Unidos tiene un problema de seguridad nacional –y no es lo que piensas

El conflicto internacional no es la mayor amenaza sobre la vida de los norteamericanos. Articulo de The Nation

Versione italiana
La siguiente es una traducción de un artículo de The Nation, escrito por un profesor -no marxista- de la Universidad de Columbia que, en base a un sesudo análisis estadístico, muestra la grave situación social que se vive en los EEUU. En base a los datos de este artículo, un economista de la revista de negocios Forbes escribió un editorial acerca de la economía norteamericana y el peligro de rebeliones populares. Pese a que no compartimos sus conclusiones, como el señalamiento de que los niveles de pobreza no serían intrínsecos al régimen social capitalista, la publicamos porque puede ser ilustrativa para la vanguardia obrera y revolucionaria de nuestro país debido a la contundencia de sus datos. La traducción del texto corresponde a Verónica Fernández.

El establishment de Washington ha capturado el concepto de seguridad nacional tan efectivamente que, para la mayoría de nosotros, automáticamente conjura imágenes de grupos terroristas, guerreros cibernéticos, o “estados canallas”. Para combatir tales enemigos, Estados Unidos mantiene una constelación de bases militares en el extranjero sin precedentes en la historia y, desde el 11 de septiembre, ha financiado guerras en Afganistán, Irak, Siria, Libia, y en otras partes que han engullido cerca de $4.8 trillones de dólares. El presusupuesto del Pentágono para 2018 ya suma $647 billones – cuatro veces lo que gasta China, segundo en el ranking mundial de gasto militar, y más que la suma de los siguientes doce países, siete de loscuales son aliados de EEUU. Por si acaso, Donald Trump ha añadido un adicional de $200 billones a los gastos de defensa proyectados para 2019.

En boca de los promotores de la guerra, los Estados Unidos nunca fueron tan inseguros. Ya ni hablemos de sacar provecho del dinero invertido.

Para millones de norteamericanos, sin embargo, la mayor amenaza a su seguridad diaria no es el terrorismo o Corea del Norte, Irán, Rusia o China. Es interna – y económica. Esto es particularmente cierto para el 12,7% de norteamericanos (43.1 millones de ellos) clasificados como pobres según el criterio del gobierno: un ingreso por debajo de $12.140 para hogares de un miembro, $16.460 para una familia de dos, y así... hasta llegar a la principesca suma de $42.380 para una familia de ocho.

Los ahorros tampoco son de mucha ayuda: un tercio de los norteamericanos no tienen ningún ahorro y otro tercio tienen menos de $1.000 en el banco. No sorprende por lo tanto que se haya incrementado el número de familias que tienen dificultades para cubrir simplemente el costo de los alimentos de un 11% (36 millones en 2007 a 14% (48 millones) en 2014.

Trabajadores pobres

El desempleo puede ciertamente contribuir a la pobreza, pero millones de norteamericanos soportan la pobreza mientras tienen trabajos de tiempo completo e incluso más de un trabajo. La últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que hay 8.6 millones de “trabajadores pobres”, definidos por el gobierno como personas que viven debajo de la línea de pobreza a pesar de estar empleados por lo menos durante 27 semanas al año. Su inseguridad económica no es registrada por nuestra sociedad, en parte porque trabajar y ser pobre no parecen ir de la mano en la mente de muchos norteamericanos – y el desempleo ha caído razonablemente de manera continua. Luego de acercarse al 10% en 2009, está ahora solo en un 4%.

¿Ayuda del gobierno? La reforma introducida por Bill Clinton en 1996 a los programas de asistencia social, fraguado en conjunto con los congresales republicanos, impuso límites de tiempo a la asistencia del gobierno, a la vez que ajustó el criterio de elegibilidad para la misma. Por lo tanto, como Kathryn Edin y Luke Shaefer demuestran en su inquietante libro $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America ($2,00 dólares al día: vivir con casi nada en Norteamérica), muchos que necesitan ayuda desesperadamente, ni siquiera se molestan en presentar una solicitud. Y las cosas se pondrán peor en la era de Trump. Su presupuesto para 2019 incluye grandes recortes en una pila de programas anti pobreza.

Cualquiera que busque un entendimiento visceral de las dificultades que soportan los norteamericanos debería leer el libro de Barbara Ehrenreich de 2001, Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America (Chaucha y palito: ir tirando en Norteamérica) Es un relato atrapante de lo que Barbara aprendió cuando, haciéndose pasar por “ama de casa” sin calificaciones de ningún tipo, trabajó durante dos años en varios trabajos de bajo salario, teniendo sólo sus ingresos para sostenerse. El libro rebalsa de historias de personas que tenían trabajo pero que, por necesidad, dormían en hoteles de mala muerte pagos semanalmente, en albergues para indigentes, o incluso en sus autos, subsistiendo con snacks de las máquinas expendedoras para el almuerzo, panchos o fideos instantáneos para la cena, privándose de cuidados dentales básicos y controles médicos. Aquellos que lograron conseguir casa permanente elegirían barrios pobres de bajas rentas cercanos a trabajo porque la mayoría de las veces no podían pagar un auto. Para mantener semejante estilo de vida raquítico, muchos tenían más de un trabajo.

A pesar de la charlatanería de los políticos acerca de como los tiempos han cambiado para mejor, el libro de Ehrenreich continúa siendo una pintura adecuada de los trabajadores pobres de EEUU. Durante la última década laproporción de personas que liquidaron sus salarios sólo para pagar productos esenciales se incrementó de hecho de un 31% a un 38%. En 2013, el 71% de las familias con hijos asistieron a los comedores de Feeding America (Alimentando a América) -la organización privada más grande que brida ayuda a los hambrientos- incluyendo, por lo menos, a una persona que había trabajo durante el año anterior. Y en las grandes ciudades de EEUU, principalmente por una brecha cada vez más grande entre los alquileres y los salarios, miles de trabajadores pobres no tienen hogar, duermen en refugios, en las calles, o en sus vehículos, a veces junto con sus familias. En la ciudad de Nueva York, que no es un caso aparte cuando se trata de personas sin hogar entre los trabajadores pobres, entre un tercio de las familias con hijos que utilizan los refugios por lo menos un adulto tenía trabajo.  

Los salarios de pobreza

Los trabajadores pobres se aglutinan en ciertas ocupaciones. Son vendedores en tiendas, camareros o cocineros de comida rápida, personal de custodia, trabajadores hoteleros y cuidadores de niños o ancianos. Muchos ganan menos de $10 la hora y no tienen poder de presión, ya sea sindical u otro, para reclamar aumento de salarios. De hecho, el porcentaje de trabajadores sindicalizados dentro de estos trabajos se mantiene en un dígito – y en los comercios y la alimentación está por debajo de 4,5%. Esto no es para nada sorprendente, dado que la afiliación en el sector privado ha caído un 50% desde 1983 hasta abarcar a tan solo el 6,7% de la fuerza de trabajo.

Los empleadores que pagan bajos salarios lo prefieren de este modo – Walmart es el estandarte en esto – y trabajan diligentemente para dificultar cada vez más el acceso de sus empleados a los sindicatos. Como resultado, rara vez se encuentran bajo una presión real para incrementar salarios, que, ajustados por inflación, se han mantenido congelados o han incluso descendido desde fines de los '70. Cuando el empleo es “a voluntad”, los trabajadores pueden ser despedidos o los términos de su trabajo modificados según el capricho de la compañía y sin ningún tipo de explicación. Walmart anunció este año que aumentaría su valor hora a $11 y esto es bienvenido. Pero no tuvo nada que ver con una negociación colectiva; fue una respuesta a la caída en la tasa de desempleo, el flujo de dinero proveniente de una rebaja de impuestos por parte de Trump a las grandes corporaciones (que benefició a Walmart en $2 billones de dólares), un incremento del salario mínimo en un número de estados, e incrementos de salarios de su archi-competidor, Target. También fue acompañado por el cierre de 63 tiendas mayoristas (Sam's Clubs), lo cual significó el despido de 10.000 trabajadores. En resumen, el balance de poder casi siempre favorece al empleador, rara vez al empleado.

En consecuencia, a pesar de que los EEUU tiene un ingreso per-cápita de $59.500 y está entre los países más ricos del mundo, 12,7% de norteamericanos (eso es 43.1 millones de personas) se encuentran oficialmente empobrecidas. Y esta es considerada una cifra en general significativamente por debajo de la real. La Oficina de Censos establece el promedio de la pobreza mediante el cálculo del presupuesto anual de una familia para alimentos sin incluir ninguna “extravagancia”, lo multiplica por tres, lo ajusta según el tamaño familiar, y lo fija al Índice de Precios alConsumidor. Esa, según muchos economistas, es una manera inadecuada de estimar la pobrezo. Los precios de los alimentos no se han incrementado dramáticamente en los últimos 20 años, pero el costo de otras necesidades como la asistencia médica (especialmente si no tienes seguro médico) y la vivienda se han incrementado en un 10,5% y 11,8% respectivamente entre 2013 y 2017 comparado con el incremento del 5,5% de los alimentos.

Si se incluyen la vivienda y gastos médicos en la ecuación se obtiene la medida suplementaria de la pobreza (SPM en inglés), publicada por la Oficina de Censos desde el 2011. Este revela que una gran número de estadounidenses son pobres: 14% o 45 millones en 2016.

Datos funestos

Para tener una imagen más completa de la (in)seguridad noteamericana, sin embargo, es necesario investigar más a fondo en los datos relevantes, comenzando por los salarios por hora, que es la forma en que más del 58% de los trabajadores adultos perciben su salario. La buena noticia: sólo 1.8 millones, o 2,3% de ellos subsisten con o con menos del salario mínimo. La noticia no tan buena: un tercio de todos los trabajadores perciben menos de $12 la hora y 42% gana menos de $15. Esto es $24.960 y $31.200 al año. Imaginen criar a una familia con tales ingresos, sumando el costo de la comida, el alquiler, el cuidado de los niños, los pagos de un automóvil (ya que un auto es usualmente una necesidad simplemente para conseguir un trabajo en un país con un sistema de transporte público inadecuado), y gastos médicos.

El problema que enfrentan los trabajadores pobres no son solamente los bajos salarios, pero el ensanchamiento de la brecha entre los salarios y los precios en alza. El gobierno ha incrementado el salario federal por hora más de 20 veces desde que fuera establecido en 0.25 centavos en la Ley de Estándares Justos de Trabajo en 1938. Entre 2007 y 2009 subió a $7.25, pero durante la década pasada esa suma perdió casi 10% de poder adquisitivo frente a la inflación, lo cual significa que, en 2018, un obrero tendrá que trabajar 41 días adicionales para ganar el equivalente al salario mínimo de 2009.

Los trabajadores en el 20% más bajo son los que han perdido más terreno, sus salarios ajustados por inflación cayeron casi 1% entre 1979 y 2016, comparado con el incremento del 24,7% del 20% más alto. Esto no puede ser explicado por una productividad deslucida ya que, entre 1985 y 2015, ya que superó los incrementos de salarios, casi siempre sustancialmente, en todos los sectores económicos excepto en la minería.

Sí, los estados pueden imponer salarios mínimos más altos y 29 de ellos lo han hecho, pero 21 no, dejando a varios trabajadores con salarios bajos luchando por cubrir los costos particularmente de dos cuestiones básicas: salud y vivienda.

Incluso cuando se trata de trabajos que ofrecen cobertura médica, los empleadores han ido virando cada vez más este costo sobre los trabajadores a través de descuentos más altos y gastos a cuenta del trabajador, así como también requiriendo de ellos que cubran la mayor parte de las primas. El porcentaje de trabajadores que pagaron por lo menos con el 10% de sus ingresos tales costos – sin contar las primas – se duplicó entre 2003 y 2014.

Esto colabora a explicar por qué, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales, sólo el 11% de los trabajadores del 10% que percibe los salarios más bajos se han inscripto en planes de salud en 2016 (comparado con el 72% en el 10% más alto). Como lo expresó una camarera de restaurant que gana $2,13 la hora sin propinas – y cuyo marido gana $9 la hora en Walmart -, luego de pagar el alquiler, “o ponemos comida en la mesa o pagamos el seguro médico”.

La Ley de Salud Asequible, o ACA (conocida como Obamacare), proveyó subsidios para ayudar a las personas de bajos ingresos a cubrir el costo de las primas de seguros, pero los trabajadores con obra social proveída por sus empleadores, sin importar cuán bajos fueran sus salarios, no fueron cubiertos por esta Ley. Ahora, por supuesto, el presidente Trump, los congresistas republicanos, y la Corte Suprema en la cual los jueces de derecha serán aún más influentes, intentarán abatir la ACA.

Es la vivienda, sin embargo, lo que arranca el mordisco más grande de los salarios de los trabajadores con los ingresos más bajos. La mayoría de ellos son inquilinos. La vivienda propia sigue siendo para muchos una quimera. De acuerdo a un estudio de Harvard, entre 2001 y 2016, la cantidad de inquilinos que ganaban entre $30.000 y $50.000 al año y pagaban más de un tercio de sus ingresos a sus arrendadores (el umbral para calificar como “ahorcado por la renta”) se incrementó de un 37% a un 50%. Para aquellos que sólo ganan $15.000 esa cifra asciende al 83%.

En otras palabras, en unos EEUU cada vez más desiguales, el número de trabajadores con bajos ingresos que tienen dificultades para pagar el alquiler se ha disparado. Como muestra el análisis de Harvard, esto es, en parte, porque el número de inquilinos pudientes (con ingresos de $100.000 o más) ha pegado un salto, ciudad tras ciudad, ellos impulsan la demanda y construcción de nuevas unidades para la renta. Como resultado, la porción de contrucciones de unidades de alquiler lujosas ha subido de un tercio a casi dos tercios del total de las unidades entre 2001 y 2016. No sorprende que el número de nuevas unidades de alquiler de bajo costo haya caído de dos quintos a un quinto del total y, así como se incrementó la presión sobre los inquilinos, también se incrementaron los alquileres incluso de esas modestas dependencias. Agregado a esto, en lugares como Nueva York, donde la demanda de los ricos da forma al mercado inmobiliario, los propietarios han encontrado maneras – a veces dentro de la ley, a veces no – de deshacerse de los inquilinos de bajos ingresos.

Las viviendas públicas y los “bonos para vivienda” deberían hacer más asequible la vivienda a las familias de bajos ingresos, pero la oferta de viviendas públicas no ha alcanzado la demanda ni remotamente.

En consecuencia, las listas de espera son largas y las personas con necesidades languidecen durante años antes de tener una oportunidad – si es que alguna vez la tienen. Sólo un cuarto de los que califican para esta ayuda la reciben. En relación a los “bonos”, para empezar, es difícil conseguirlos por la masiva diferencia entre el financiamiento que recibe el programa y la demanda que genera esta ayuda. Y luego hay otros desafíos: encontrar propietarios que acepten los “bonos” o alquileres que estén razonablemente cerca del lugar de trabajo y no en los llamados barrios “desfavorecidos” (un eufemismo para describir áreas con alto desempleo y pobreza).

En conclusión, más del 75% de inquilinos “bajo riesgo” (aquellos para quienes el costo del alquiler supera el 30% o más de sus ingresos) no recibe asistencia del gobierno. El “riesgo” real para ellos es convertirse en personas sin hogar, lo cual significa acudir a los refugios o a la familia y amigos dispuestos a recibirlos. El presidente Trump propuso recortes en el presupuesto que harán la vida aún más difícil para los trabajadores de bajos ingresos en búsqueda de vivienda accesible. Su propuesta de presupuesto 2019 significa un hachazo de $6.8 billones (14,2%) a los recursos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) mediante, entre otras cosas, la eliminación de los “bonos de vivienda” y la asistencia a las familias de bajos ingresos con dificultad para pagar las cuentas de la calefacción. El presidente también busca recortar los fondos para sostener la vivienda pública en un 50%. Sumado a esto, su proyecto de ley de “reforma” al sistema impositivo en beneficio de los ricos virtualmente garantiza producir déficits que indudablemente abrirán la compuerta para aún más recortes en el futuro. En otras palabras, en lo que se está convierto en los Estados Unidos de la Inequidad, las frases “trabajadores de bajos ingresos” y “vivienda accesible” ya no van juntas.

Nada de esto parece haber molestado al Secretario de Vivienda Ben Carson quien felizmente ordenó un juego de comedor de $31.000 a costas de los impuestos de los contribuyentes, incluso cuando visitó las nuevas unidades de vivienda públicas para asegurarse que no fueran demasiado cómodas (no sea cosa que los pobres se acomoden por mucho tiempo). Carson ha declarado que es hora de dejar de creer que los problemas de esta sociedad pueden ser resueltos simplemente arrojando un poco de dinero extra desde el gobierno – a menos que, aparentemente, los accesorios de comedor de un superburócrata no sean lo suficientemente buenos.  

El dinero habla

Los niveles de pobreza y desigualdad económica que se sostienen en los EEUU no son intrínsecos al capitalismo o la globalización. A la mayoría de otras economías de mercado ricas dentro de las 36 que componen la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) les ha ido mucho mejor que a los EEUU en reducir estos niveles sin sacrificar la innovación o crear economías dirigidas por el estado.

Tomemos la brecha de pobreza, que la OCDE define como la diferencia entre la línea de pobreza oficial de un país y el promedio de ingresos que caen por debajo de ella. EEUU tiene la sguenda brecha de pobreza más amplia entre los países ricos, sólo a Italia le va peor.

¿Pobreza infantil? En el ranking del Foro Económico Mundial entre 41 países – de mejor a peor – EEUU se ubica 35to. La pobreza infantil ha caído en EEUU desde el 2010, pero un informe de la Universidad de Columbia estima que el 19% de los niños norteamericanos (13,7 millones) sin embargo vivieron en familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza oficial en 2016. Si sumamos el número de niños de familias con bajos ingresos, ese número alcanza el 41%.

En referencia a la mortalidad infantil, de acuerdo a los propios Centros para Control de Enfermedades del gobierno, los EEUU, con 6,1 muertes cada 1.000 nacimientos, tiene el peor record entre los países ricos definitivamente. (Finlandia y Japón son los mejores, con 2,3)

Y cuando se trata de distribución de la riqueza, entre los países de la OCDE, solamente Turquía, Chile y México están peor que los EEUU.

Es hora de repensar la seguridad nacional de EEUU con su presupuesto anual de 1 trillón de dólares. Para decenas de millones de norteamericanos, la fuente de profunda inseguridad diaria no es la lista de enemigos foráneos, sino un sistema de inequidad cada vez más arragaido, y creciente, que pone la política contra los norteamericanos menos pudientes. Ellos no tienen los mangos suficientes para contratar lobbystas de renombre. No pueden escribir generosos cheques a los candidatos o fundar Comités de Acción Política. No tienen manera de manipular las infinitas redes de influencia que utiliza la elite para darle forma al sistema impositivo y las políticas de gasto. Están contra un sistema en el cual el dinero realmente habla – y esa es la voz que ellos no tienen. Bienvenidos a los Estados Unidos de la Inequidad. 

*Rajan Menon es profesor de Relaciones Internacionales en Powell School, City College of New York, e investigador en el Instituto de Estudios acerca de la guerra y la paz de la Universidad de Columbia. Es autor, entre otros, de The Conceit of Humanitarian Intervention (El concepto de intervención humanitaria). 16 de julio de 2018

En esta nota:

Compartir

Comentarios