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1 de agosto de 2018

Un exabrupto que impone revisiones de fondo

Por Daniel Marzal
Secretario Gremial de SITRAPREN Bariloche

El debate en el Senado por la despenalización del aborto tropezó días atrás con la exposición del médico Abel Albino, quien no sólo reiteró su rechazo al proyecto (ya lo había hecho en Diputados) sino que además despachó un exabrupto que llenó de estupor e indignación a todos.

Por razones poco claras Albino se corrió del tema en discusión y aseguró sin anestesia que el preservativo no frena el virus de HIV y no sirve para prevenir el sida.

A contramano de la evidencia científica y de lo que sostienen sus colegas en forma unánime, el médico amigo de los dogmas confrontó también con las campañas públicas promovidas desde hace décadas por el ministerio de Salud para evitar nuevos contagios y frenar la expansión del sida.

Albino no ganó notoriedad por sus inclinaciones al oscurantismo, sino por ser el principal referente de la fundación Conin, que desarrolla programas contra la desnutrición infantil. Sus acciones no son meras iniciativas privadas sino que recibe transferencias cuantiosas del Estado nacional y de varias provincias.

A raíz de la escandalosa intervención de Albino ante los senadores arreciaron los reclamos para que Conin deje de recibir dineros públicos. Tan generalizado fue el repudio que los directivos de la fundación -ante el riesgo de perder los aportes- salieron de urgencia a desligarse de los dichos de Albino. Afirmaron que habló "a título personal" y que de ningún modo los representa.

Tal vez el saldo positivo del episodio haya sido el de echar luz sobre un asunto que resume de modo inmejorable las miserias del Estado desertor. Y que hasta ahora aparecía invisibilizado.

No es poco lo que está en juego: la fundación Conin recibió del Estado nacional casi 90 millones de pesos en los últimos dos años.

Pero la verdadera distorsión va mucho más allá de la connivencia entre el gobierno de turno y una que otra ONG.

El problema de fondo es que las políticas de salud, de asistencia social, de educación, de nutrición infantil (y sus magros presupuestos) son tercerizadas en favor de una variada fauna de "entidades intermedias" que nada tienen que ver con la estructura del Estado.

Cientos de millones se van por ese embudo, mientras la salud y la educación públicas se achican en cumplimiento de recetas diseñadas por el FMI y el poder económico concentrado, que les reservan un rol cada vez más secundario. El Estado se desentiende de funciones indelegables y cede un terreno que debería estar vedado a cualquier forma de privatización.

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